La situación que enfrenta a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con sus antiguos trabajadores ha convocado la solidaridad de dirigentes estudiantiles, representantes ante a la Asamblea Universitaria, profesores, ex alumnos y miembros del Sindicato Único de Empleados y Obreros de la PUCP con los jubilados de esa casa de estudios.
La cuestión es la siguiente: en 1987, el Consejo Universitario de la PUCP tomó la decisión de crear un “Complemento de Pensión de Jubilación” (CPJ). La idea era permitir un incremento en la corta pensión que reciben los ex trabajadores de la casa de estudios. Es, además, importante recordar que ese año la situación económica era desastrosa en el país y que la inflación reducía cotidianamente la ya alicaída capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Seis años después, se acordó que, para acceder a este beneficio, los ex trabajadores debían cumplir con tres condiciones: i) afiliarse a una AFP, ii) trabajar en la Universidad 30 años de manera ininterrumpida y iii) no volver a trabajar al jubilarse.
Griselda Quiroz, ex trabajadora y dirigente gremial, dice que el hecho de que se les exija a los empleados no trabajar una vez que se jubilen es, de por sí, un atentado a sus derechos laborales. Pero la situación va más allá.
La Universidad cumplió con el compromiso hasta finales de 2016; sin embargo, ya en 2017 tomó la decisión de recortar el CPJ que beneficiaba a aproximadamente 600 trabajadores. Es importante precisar que el acuerdo no hacía ninguna diferencia entre los empleados administrativos y el personal docente. Estas casi 600 personas pertenecen a ambos sectores de la comunidad universitaria. Así se estipuló desde 1987.
El profesor Federico Camino, quizá uno de los más insignes miembros de la comunidad docente de la PUCP, ha señalado que la Universidad está traicionando sus principios. Camino indica que una universidad debe cumplir con lo que promete. El profesor agrega que este es un golpe al sector más vulnerable de la comunidad universitaria: personas que han dedicado décadas a la Universidad Católica. Sabemos que otros profesores suscriben esta idea.
Estamos hablando de cientos de personas de la tercera edad cuyo ingreso mensual se está viendo significativamente recortado. Muchos de los afectados necesitan este dinero –con el que asumieron que iban a contar– para atender necesidades médicas básicas y los cuidados que un adulto mayor requiere.
Ramiro Chávez, presidente de la Federación de Estudiantes (FEPUC), conversó con Perú21 y señaló que le vienen dando seguimiento al tema desde hace un semestre –cuando asumió la presidencia de la Federación–. Chávez considera que el derecho de los pensionistas era un derecho conferido y que no debe ser revocado de manera unilateral. A esto agrega la relevancia que él encuentra en que las autoridades dialoguen con los pensionistas.
Por otro lado, Perú21 logró una declaración de algunos de los 28 miembros de la Representación Estudiantil (REA). En ella, los alumnos indican que les gustaría dejar en claro que tienen un compromiso con hacer cumplir los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria y esto incluye a los jubilados. Agregan que solicitarán más reuniones para estar al tanto y poder dialogar en búsqueda de soluciones. La REA considera que una política de diálogo por parte de la Universidad es esencial y que ellos deben ser el puente que permita una mediación efectiva.
Hay, principalmente, dos cuestiones que las partes involucradas tendrán que discutir: la primera es la constitucionalidad del requisito de no trabajar una vez que se alcanza la jubilación. Al respecto, Javier Albán, abogado por la PUCP y ex presidente de la FEPUC, señala que esto podría ser una limitación al derecho al trabajo y al derecho a la libertad de contratación.
Con respecto a la reducción en el complemento de jubilación, el laboralista Alonso González indica que la Constitución consagra en su artículo 62 la teoría de los derechos adquiridos, bajo la cual no se le puede quitar a un trabajador un derecho ya adquirido de forma unilateral.
Intentamos conversar con las autoridades para consignar su versión, pero hasta el cierre de esta edición no lo logramos. Las páginas de este diario quedan, por supuesto, abiertas para la respuesta que el Rectorado estime pertinente dar.