Roberto Su es uno de los abogados de Alejandro Toledo. (Piko Tamashiro)
Roberto Su es uno de los abogados de Alejandro Toledo. (Piko Tamashiro)

Redacción PERÚ21

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El abogado del ex presidente , Roberto Su, señaló hoy que durante el interrogatorio a de esta mañana "se ha aclarado" que el mandatario, siendo jefe de Gabinete del primero, fue quien decidió no observar la norma que declaraba de necesidad pública y de interés nacional a la obra Interoceánica Sur.

En declaraciones a la prensa, el letrado sostuvo que esa versión es importante para su patrocinado porque demostraría que no fue Toledo el que favoreció a la empresa brasileña con normas, sino funcionarios de menor rango.

"Hoy se ha podido aclarar que la Ley 28670 no fue observada por el Ejecutivo y fue promulgada casi en forma inmediata porque el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, consideró que la ley era muy importante, que habían muchos intereses nacionales, y que había darle trámite y viabilidad", manifestó.

Asimismo, Su indicó que el ex jefe de Estado no fue el que propuso exonerar de los controles del SNIP al proyecto vial, sino el entonces director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo.

"Kuczynski, como presidente de Proinversión, inicialmente no sabía quién había presentado la exoneración del SNIP, señaló que no sabía, que no conocía, incluso llegó a decir que Toledo le había solicitado, pero cuando se le presenta el oficio firmado por el director ejecutivo de Proinversión, que él nombró con resolución ministerial (...) entonces dijo que quizá él (Cornejo) lo había pedido", contó.

El letrado adelantó que pedirán a la Fiscalía ampliar el testimonio de Cornejo para que aclare esa situación. Alegó que con la declaración de Kuczynski "se demuestra" que Toledo "no tuvo participación (en la firma de normas a favor de Odebrecht), sino sus funcionarios de línea".

El fiscal Hamilton Castro fue el que dirigió la diligencia en Palacio de Gobierno y le formúló cerca de 40 preguntas al jefe de Estado.

Como se sabe, Toledo, quien vive prófugo en Estados Unidos, es acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht a cambio de concederle los tramos II y III de la IIRSA Sur.