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Abogado de Susana Villarán: "No hay pruebas para pedir prisión preventiva"

Iván Paredes aseguró que ningún testigo interrogado ha señalado que la ex alcaldesa de Lima sabía de los ingresos de su campaña contra la revocatoria.

Alvaro Reyes Quinteros

Tras conocer que la Fiscalía f ormalizará investigación preparatoria por el caso del presunto financiamiento irregular a la campaña del No, el abogado de la ex alcaldesa Susana Villarán, Iván Paredes, indicó que no existen evidencias adicionales que compliquen a su patrocinada, sobre quien pesa una orden de impedimento de salida del país.

En la etapa preparatoria, el Ministerio Público puede pedir al Poder Judicial medidas más severas para asegurar la colaboración de los investigados. Una de esas medidas es la prisión preventiva.

"En el caso de S usana Villarán no hay algo adicional que empeore su situación, no hay llamadas telefónicas, nadie la ha comprometido (con la entrega de dinero), no debería haber pedido de prisión preventiva (para ella) porque no hay elementos de prueba que agraven su situación", insistió en diálogo con Perú21.

Paredes argumentó que si la Fiscalía decidió dar un paso más en las investigaciones es porque ha encontrado más elementos de prueba pero en otras personas que estuvieron implicadas en el manejo de recursos de la campaña contra la revocatoria.

"Se habrá pasado a investigación preparatoria pero para otras personas, porque hay otras personas comprometidas, por ejemplo, las que manejaban los recursos de la campaña; nosotros estamos tranquilos porque no hay nada que haya cambiado respecto a la situación inicial, si alguno de los que declarara dijera que Villarán sabía del financiamiento se la compromete, pero nadie lo ha hecho", declaró.

Como se sabe, según el publicista brasileño Valdemir Garreta, recibió 3 millones de dólares —US$2 de Odebrecht y US$1 millón de OAS—, para asesorar la campaña de la ex funcionaria. Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, indicó que su firma abonó US$3 millones por pedido del ex gerente municipal José Miguel Castro, quien no puede salir del país por 18 meses.

En noviembre del año pasado, el Ministerio Público informó que las cifras declaradas por la 'Campaña del No' a la revocatoria no coinciden con los montos que recibieron los medios de comunicación por concepto de publicidad, y que estás excederían en más de S/4 millones.

Ese desembolso, según la investigación fiscal, sería distinto a los US$3 millones que declaró Garreta que recibió para apoyar a la gestión villaranista.

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