En el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público se guardan casi 2 mil contenedores con restos humanos que fueron víctimas de la época del terrorismo. Son cuerpos que estuvieron enterrados desde 1980 y aún se desconoce su identidad. Ante la ley, son un código dentro de una carpeta fiscal, pero, para sus deudos, un profundo dolor que no se termina de aliviar.
Por eso, la Defensoría del Pueblo ha pedido a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia y al Instituto de Medicina Legal que formalicen un convenio interinstitucional y así agilicen los trabajos de identificación.
El adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría, Percy Castillo, considera que debería haber una mayor coordinación entre ambas instituciones.
“A la labor diaria que tiene el Ministerio Público se le suma la identificación de estos restos, que están comprendidos en 216 investigaciones fiscales. Por eso, en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se estableció que debe haber un convenio para que el Minjus brinde un apoyo en el aspecto logístico. Hay cuerpos que tienen varios años en el Instituto de Medicina Legal, ellos deben tener prioridad en los procesos de identificación”, dijo Castillo a Perú21.
La DGBPD informó a la Defensoría que el convenio ya fue enviado al Ministerio Público y ahora están a la espera de su respuesta.
REPARACIONES PENDIENTES
El Estado promulgó hace 14 años el Plan Integral de Reparaciones, que contempla la entrega de una serie de beneficios a las víctimas de terrorismo que estén inscritas en el Registro Único de Víctimas.
Para cumplir con esa norma, el Ministerio de Educación, en 2016, aprobó el Plan Multianual de Reparación en Educación para las Víctimas del Periodo de Violencia 2016-2021. Sin embargo, dicha medida solamente alcanzará para beneficiar a 14,376 víctimas de un total de 179,704.
Por otro lado, la semana pasada se aprobó el Plan Multianual para la Atención de Beneficiarios del Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional 2019-2021. En este caso, habrá 7,231 beneficiados con una vivienda de un total de 72,316.
Según precisó la Defensoría, de los siete programas de reparaciones creados por la Ley N° 28592, los programas de reparaciones económicas y colectivas son los que han recibido mayor impulso por parte del Estado y se ha hecho entrega de dinero a más del 90% de víctimas.
“Reconocemos que hay un avance sustantivo en las reparaciones económicas, pero no es la única. Más importante que el dinero que se le pueda dar es asegurarles la educación a sus hijos, vivienda y salud física y mental”, consideró Percy Castillo.
La Defensoría explicó que existe un malestar por parte de los inscritos en el RUV debido al tiempo tan prolongado en el que se han venido dando estos avances. “Hay muchas víctimas que incluso ya han fallecido sin ser reparados”, indicó Castillo.
Otro punto crítico es que los beneficiarios a las becas de educación superior deben postular a través del programa Beca 18, lo cual significa que tienen que cumplir los mismos requisitos que cualquier otro postulante. Esto es una desventaja si se tiene en cuenta que las víctimas no han tenido las mismas condiciones de salud, económicas o educativas que el resto de postulantes. Algo similar ocurre con el acceso a viviendas a través de Techo Propio. Aquí la traba que se encuentra es la capacidad crediticia que exige este programa.