Aunque durante toda la historia las personas LGBTQI+ han tenido que luchar para hacer escuchar sus voces, no fue hasta 1969 que su lucha adquiere una fuerza realmente global y diversa. Los disturbios de Stonewall (bar neoyorkino) significaron un punto de no retorno en la defensa de sus derechos.
En un contexto de represión y persecución legitimado por el gobierno y las leyes, Stonewall, se construye como un espacio para la comunidad queer estadounidense, acogiendo a aquellos a quienes a la fuerza querían borrar, solo porque se salían de la norma: gays, lesbianas, trans, trabajadoras sexuales y personas pobres. Así, en la madrugada del 28 de junio, lo que sería una redada policial rutinaria, se convirtió en una revuelta que duró largas horas. La rabia generalizada empujó a una multitud a reunirse fuera del bar, la que entre gritos y arengas se enfrentó a la policía para impedir que estos continúen agrediendo a los asistentes.
La lucha continúa en la actualidad, y al Perú le queda un largo camino por recorrer. Según el estudio “Características criminológicas de las muertes dolosas de personas LGTB en el Perú 2012 – 2021″ del Ministerio Público, en el país se registraron 84 denuncias relacionadas con muertes de personas LGTBIQ+ en las que se identificaron 88 víctimas y 72 imputados entre el 2012 y 2021.
El informe también concluye que 55,8% de las víctimas eran hombres homosexuales; 36,4%, mujeres trans; 3,4%, lesbianas; 1,1%, hombre trans; 1,1%, hombre bisexual; 1,1%, mujer bisexual; y en el 1,1% de los casos no se pudo precisar.
Para hacer frente a la discriminación social que sufre la comunidad LGBTQI+ y que está presente en la Agenda 2030 de la ONU, es indispensable erradicar las leyes y políticas que afecten sus derechos por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y aprobar leyes y políticas que garanticen la igualdad de acceso a la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la protección social y la justicia.
Además, es fundamental mantener el estado de derecho mediante la investigación, el procesamiento judicial de los culpables y la compensación a las víctimas de violencia sexual, de género y de discriminación, así como proporcionar protección a las personas que han sido desplazadas a la fuerza debido a la persecución por motivos relacionados con la orientación sexual o identidad de género.
Los sectores educativos deben también fortalecer su respuesta a la violencia escolar basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género, documentando el problema, adoptando políticas apropiadas que aborden la discriminación de todo tipo, capacitando a los docentes, revisando el currículo escolar y ofreciendo servicios a las y los estudiantes afectados.
El sector de salud debe mejorar el acceso equitativo de todos sus servicios para las personas LGBTIQ+. Las políticas públicas deben incluir la participación activa y significativa de esta comunidad y, desde la sociedad civil, tenemos un papel que desempeñar para asegurar que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto.
El orgullo es un recordatorio a la sociedad de que las personas LGBTIQ+ existen y han existido siempre, que siguen resistiendo y defendiendo orgullosos sus identidades, a pesar de que a la fuerza se les intente avergonzar. Que seguirán aquí porque el matrimonio igualitario todavía no es una realidad, porque no existe una ley que proteja sus identidades. Porque les siguen discriminando en todos los espacios. Pero, sobre todo, porque exigen una educación en igualdad, una educación que enseñe a respetar y valorar la diversidad en todas sus formas, que brinde las herramientas para entender y abrazar sus procesos, y que no les estigmatice desde el prejuicio y la vergüenza.