Violencia contra la mujer en Perú: Aún hay trabas para denunciar violencia

Ocurrió en Lambayeque en el año 2013. Una mujer, víctima de agresiones de su pareja, lo denunció por violencia familiar. Sin embargo, no recibió ayuda. Nadie le otorgó medidas de protección y dos años después el sujeto la mató.

En 2017, el panorama no ha cambiado mucho. En setiembre de este año, la suboficial de la Policía Gianelly Coronado Rojas, de 21 años, denunció a su ex conviviente Fidel Coronado Barturén (27), un efectivo de Radiopatrulla a quien había dejado por sus constantes golpizas. Pero la denuncia solo enfureció más al sujeto, quien en venganza, y en menos de 24 horas después de que Gianelly lo denunciara, la estranguló. Nadie protegió a la joven madre.Estas situaciones se repiten desde hace mucho tiempo en diversos lugares del país. Un estudio de la Defensoría del Pueblo, que analizó 50 expedientes judiciales de 2011 a 2015, detectó que solo en el 28% de los casos de feminicidio y tentativas, las víctimas acudieron a los servicios estatales para denunciar la violencia que venían sufriendo. Sin embargo, ante la falta de una respuesta efectiva, sus vidas continuaron en riesgo y siete fueron cruelmente asesinadas.

Las cifras de los Centros de Emergencia Mujer de este año corroboran que la situación no ha cambiado mucho. De las 94 víctimas de feminicidio registradas hasta el mes de setiembre, 53% ya había denunciado a su agresor, pero solo el 5% logró medidas de protección. El resto fueron asesinadas.

FALTA CAPACITACIÓN

Aunque la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar está vigente desde hace dos años y contempla diversas medidas para mejorar la protección de las víctimas, su implementación aún presenta muchas deficiencias. Diana Portal Farfán, comisionada de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, refirió que la falta de capacitación de la Policía es una de las más graves.

En las comisarías, muchos de los efectivos que reciben las denuncias de violencia aún no están capacitados para llenar la denominada ficha de valoración de riesgo. Este documento es importante porque servirá de base para que el juez determine en qué grado de riesgo está la víctima para que, según sea leve, moderado o alto, se dicten las medidas de protección.

“Un riesgo alto es por ejemplo cuando hay amenazas de muerte, cuando el agresor usa armas de fuego o si la violencia física incluye el intento de ahorcamiento. Un buen registro de la Policía hará que el juzgado proteja mejor a la víctima, pero lamentablemente, pese a las capacitaciones, aún no es suficiente”, señaló Portal.

La PNP ha elaborado un instructivo con el protocolo a seguir en casos de violencia familiar. Sin embargo, no tiene un registro de las medidas de protección de las víctimas y, aunque la ley indica que es su deber habilitar un canal de comunicación inmediato con las mujeres que denuncian violencia y tener un mapa georeferencial de su ubicación para prevenir un feminicidio, la falta de recursos impide que esas medidas se implementen.

Según estadísticas de la Policía, en el Perú, el 44% de sus intervenciones son por violencia familiar. Sin embargo, solo existen 35 Comisarías Especializadas de Familia y solo el 6% de los efectivos policiales tienen como actividad principal la investigación de estos casos.

MUCHA DESCONFIANZA

Sin duda esto está afectando la confianza de las víctimas. Silvia Loli, viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señaló que en 2016 el 74% de las mujeres víctimas de feminicidio no denunció a su agresor y el 22% de las que se salvaron de morir tras un intento de asesinato tampoco lo hizo.

De acuerdo con la Endes 2016, el 44.1% de todas las mujeres que experimentaron violencia física por parte de su esposo, compañero o de otra persona prefirió recurrir a personas cercanas para buscar ayuda ante un hecho de violencia. Solo el 27.2% buscó ayuda en alguna institución. Esto significa que solo 3 de cada 10 mujeres que sufrieron violencia busca la ayuda de las autoridades.

“Es probable que la víctima retroceda si encuentra que los operadores policiales u otros la culpabilizan de la agresión o la revictimizan. Por eso es de suma importancia fortalecer las capacidades de los operadores en el conocimiento de la normativa vigente”, anotó Loli.

NO RECONOCEN VIOLENCIA

Pero hay más. En la ruta de atención de las víctimas también hay dificultades en el reconocimiento de la violencia psicológica, pues los retrasos en los exámenes del Instituto de Medicina Legal, por el embalse de casos, hacen que sea muy difícil obtener una constancia que avale el daño psicológico.

Aunque la ley señala que los centros de salud, los Centros de Emergencia Mujer o hasta las clínicas particulares pueden elaborar los informes y certificar la violencia, en la práctica eso no se cumple.

Además, faltan servicios de atención psicológica para las víctimas, así como albergues para las mujeres que denuncian y no pueden volver a sus casas. En el país, hay siete regiones sin ningún lugar para proteger a estas víctimas y, según el estudio de la Defensoría del Pueblo, en el 50% de los casos de feminicidio y tentativa, se identificó que las víctimas vivían con el agresor al momento de los hechos.

BUENAS PRÁCTICAS

Ante la problemática, la viceministra Loli señaló que, considerando que más del 70% de mujeres recurren a la comisaría en caso de una agresión, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha optado por implementar Centros de Emergencia Mujer en las comisarías para acompañar la denuncia de las mujeres con asesoría psicológica, médica y legal. “Actualmente, se cuenta con 37 centros en igual número de comisarías y a fin de año se espera contar con 50”, dijo.

Además, indicó que el ministerio ya cuenta 45 hogares de refugio temporal y se ha previsto la implementación de dos más en Villa Rica (Pasco) y Bagua (Amazonas).

Melissa Bustamante, especialista del Fondo de Población de las Naciones Unidas, señaló que otra buena práctica que está mejorando el acceso de las mujeres a la denuncia es la implementación del primer módulo integrado de justicia de género, que opera en Villa El Salvador. En dicho espacio, las víctimas pueden interponer sus denuncias y a la vez pasar por la cámara Gessel y Medicina Legal, y solicitar que el juez otorgue medidas de protección a su favor. Por ello, se evalúa la posibilidad de replicarlo en otras partes del país.

TENGA EN CUENTA:

 * La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, encabezará una comisión de alto nivel que elaborará medidas concretas para erradicar la violencia contra la mujer. 

*  Aráoz informó que se está avanzando en la elaboración de un registro nacional de agresores y se está discutiendo la posibilidad de incrementar las penas de cárcel.

* También se está elaborando un proyecto de ley que propone establecer la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual.

* Asimismo, junto al Poder Judicial, se evalúa el incremento del número de salas de familia para mejorar la atención directa a las víctimas de violencia.

* Según Thomson Reuters Foundation, Lima es considerada la quinta megaciudad más peligrosa para las mujeres a nivel mundial. Además, según Cepal, el Perú ocupa el octavo puesto entre las naciones con más feminicidios.