En la penumbra, el coronel Víctor Revoredo, pistola en mano, coordina el despliegue policial frente a su objetivo: una casucha donde cree que está "Cortadedos", el extorsionador más buscado en Trujillo, en el norte de Perú.
Encaramados en el techo de la vivienda de enfrente, tres uniformados vigilan la escena. "Aquí vive el 'Cortadedos'", susurra Revoredo, jefe de una unidad especial que combate la extorsión en esta ciudad de poco más de un millón de habitantes.
Fue en Trujillo, en 2006, donde las bandas comenzaron con el chantaje violento, a partir del cobro de un "cupo" a los transportistas, comenta el exministro de seguridad Ricardo Valdés.
Comandante general de la PNP atribuyó responsabilidad al Poder Judicial por requisitorias que llevaban el nombre del detenido.
Hoy "la extorsión se ha masificado y en estos momentos se ha convertido en la principal fuente de ingreso para las bandas criminales", precisa el también investigador.
Sus víctimas ya no son solo las grandes ricas o empresas, sino también el mercado de bienes y servicios de las periferias urbanas, donde impera la informalidad -que en todo Perú ronda el 70%- y la presencia estatal es débil.
Comercios, mototaxistas y colegios... nadie escapa a los tentáculos de la extorsión.
Todo comienza con un mensaje al celular de la víctima: "Si no quieres que corra sangre vamos a ser prácticos y vas a colaborar con 20.000 soles" (poco más de 5.000 dólares), se lee en uno de los mensajes que compartió el padre de un empresario asesinado en Trujillo.
Las bandas entregan las coordenadas para el depósito. Si no se realiza, entonces dinamitan o tirotean las fachadas de las casas o establecimientos, según varios testimonios recabados por la AFP.
Es una "pandemia criminal", afirma el coronel Revoredo, quien desde abril está al frente de la estrategia contra organizaciones como Los Pulpos y La Jauría, las principales bandas de extorsión en Trujillo, tercera ciudad de Perú.
Los extorsionadores le pusieron un precio a su cabeza: 40.000 dólares, según cuenta a la AFP. Las autoridades, de su lado, ofrecen una recompensa de 132.000 dólares por Jhonsson Cruz Torres, de 28 años, líder de Los Pulpos.
- Lima, semiparalela
Jean Piero García es uno de Los Pulpos. La policía intensificó su cacería después del escalofriante caso del hijo de un empresario que estuvo cautivo seis días ya quien le mutilaron seis dedos de las manos para presionar a que su padre pagara tres millones de dólares.
El coronel Revoredo lo declaró como uno de sus principales objetivos. Cuando ingresaron a la vivienda del peligroso sector El Porvenir, "Cortadedos" ya había huido.
Finalmente fue capturado la última semana de septiembre.
"El crimen no nos está ganando, no somos triunfalistas, nos falta mucho por hacer", reconoce el oficial.
Los Pulpos y La Jauría imponen su ley y su marca en Trujillo.
En las fachadas de las casas y en los vehículos que extorsionan pegan adhesivos: la figura de un pulpo o la de un puma amarillo. "La vida es corta, la muerte es infinita", señala la pegatina de Los Pulpos.
Aunque la extorsión recorre Latinoamérica de norte a sur, en Perú se adentró en su capital de diez millones de habitantes.
Hartas de la extorsión, varias empresas han semiparalizado dos veces el servicio público de transporte en Lima en el último mes y la Alianza Nacional de Transportistas convocó a un "paro" en todo el país este miércoles.
El gobierno de Dina Boluarte, a quien las encuestas castigan por el manejo de la seguridad, envió a los militares a reforzar la lucha policial contra la extorsión en los distritos que concentran poco más del 60% de los 10 millones de habitantes de Lima.
En 2023 las autoridades recibieron 23.000 denuncias de extorsión, un aumento del 509% con respecto a 2021. Este año, hasta septiembre, la policía ha registrado 14.220 denuncias.
- Pequeñas empresas, víctimas
En abril, el profesor Diomedes Sánchez, quien hace veinte años abrió su colegio en la misma barriada donde operaba 'Cortadedos', recibió un mensaje de texto.
O pagaba 2.500 dólares o le hacían estallar su establecimiento. Sánchez no cedió al chantaje.
"No hemos pagado absolutamente nada. Por eso nos han puesto la bomba. Suspendimos las clases durante una semana", recuerda el profesor de 50 años.
La fachada de su colegio de casi cien estudiantes fue dinamitada. "La extorsión prácticamente está en todo el país (...) los negocios, al menos pequeños y medianos, ya no podemos estar trabajando en paz", sostiene.
Las pequeñas empresas están perdiendo unos 1.600 millones de dólares anuales por cuenta de la extorsión.
Las pérdidas incluyen desde el pago a los chantajistas hasta la "instalación de cámaras de vigilancia, las rejas de seguridad, el cierre de bodegas, restaurantes, peluquerías y el costo cuando no opera el servicio de transporte", dijo a la AFP el presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, Julio Surco.
CON INFORMACIÓN DE AFP
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