Tras los últimos actos discriminatorios contras las personas de nacionalidad venezolana en nuestro país, la Defensoría del Pueblo expresó a través de un comunicado el rechazo rotundo hacia las manifestaciones de tipo xenófobo y exigió una política integral migratoria que respete los derechos humanos de los extranjeros.
“Recordamos al Estado peruano la necesidad de adoptar medidas que permitan afirmar el principio de igualdad y no discriminación en nuestra sociedad. En el actual contexto de migración venezolana”, sentenciaron.
Asimismo, señalaron que los Estados mantienen compromisos internacionales de protección hacia poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, como son los niños, las personas refugiadas, entre otros, por lo que deben adoptar medidas que garanticen los derechos de acceso a la salud y a la educación en los países de destino.
A la vez informaron que este 17 y 18 de setiembre del presente año tendrán una reunión de Cancilleres en la ciudad de Quito, considerando que este encuentro será propicio para adoptar decisiones de orden regional que permitan establecer una respuesta frente al flujo migratorio que se viene afrontando.
Para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental señalar que, si bien los Estados tienen el poder soberano de diseñar su política migratoria, este poder tiene límites en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que reitera implementar una política de gestión migratoria que logre un equilibrio entre el enfoque de seguridad y de protección de los derechos, facilitando la regularización migratoria.
“Reiteramos nuestra convicción de que una sociedad democrática se fundamenta en el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Ello debe ser tomado en cuenta por el Estado peruano como una cuestión clave para el reconocimiento y la vigencia plena de los derechos de la población migrante”, finalizaron.