Luego que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) solicitó a la Fiscalía impedir la salida del país y prisión preventiva contra las autoridades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, este centro de estudios se pronunció sobre las versiones de la supuesta renuncia del rector Anselmo Magallanes Carrillo.
A través de un comunicado, la institución aseguró que Magallanes, quien fue electo para el periodo 2017-2022, no ha renunciado al cargo.
“Ante las versiones que se viene propalando de forma mal intencionada, sobre la supuesta renuncia del Señor Rector Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, que fue electo democráticamente por votación universal para el periodo 2017-2022, por mandato de la Ley Universitaria N° 30220, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y sus órganos de gobierno, desmienten categóricamente dichas afirmaciones temerarias y de mala fe”, señala la misiva.
En ese sentido, indica que el rector “sigue ejerciendo sus funciones como máxima autoridad de nuestra universidad en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley”.
Cabe recordar que la Sunedu solicitó a la fiscalía que pida el impedimento de salida del país y prisión preventiva contra las autoridades de la mencionada universidad y para los involucrados en la emisión de títulos fraudulentos en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de esa institución.
Luego de conocida la denuncia de presuntas irregularidades en el otorgamiento de grados en la FIME, la Sunedu llevó a cabo una acción directa de supervisión en el campus de la universidad, a fin de recabar pruebas que permitan iniciar procedimientos administrativos y judiciales.
En el proceso, iniciado tras una denuncia realizada en los medios de comunicación, se encuentran comprendidos Anselmo Magallanes Carrillo, José Luis Donayre Pasache (decano de la FIME), Manuel Jesús de la Cruz Vilca (secretario general), Luis Alberto Magallanes Ronceras (secretario académico de la FIME), Humberto Cruzatt Alcántara (Jefe de la Unidad de Grados y Títulos), así como otras 75 personas involucradas en los hechos.
Ellos se encuentran denunciados por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio en agravio del Estado; contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica agravada y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio de la sociedad.