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Como parte de las medidas que ayuden a evitar mayores casos de infectados por coronavirus en los penales de, la oficina regional de la Defensoría del Pueblo invocó al Instituto Nacional Penitenciario () a garantizar el derecho a la salud de los internos y trabajadores penitenciarios.

En ese sentido, recomendó que se les de prioridad a los adultos mayores, madres con niños y gestantes para contrarrestar los efectos de la pandemia.

De esta manera, la referida institución señaló que el penal no cuenta con el servicio de médicos a su disposición debido a que la doctora contratada ya no acude a cumplir con sus labores, lo cual pondría en peligro la salud de alrededor de 1148 internos, entre los que se encuentran niños que permanecen en compañía de sus madres.

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Según informó, hasta la fecha, se ha contabilizado el fallecimiento de un interno, mientras que otras veinte personas entre reos y personal penitenciario han dado positivo al coronavirus. Por ello, Abel Chiroque, representante del ente defensor solicitó al INPE atender de manera inmediata a los pacientes COVID-19 y que se puedan hacer las pruebas de descarte en todo el penal.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo manifestó que continuará con su labor de velar por su mandato constitucional respecto a la defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y otros grupos de especial protección.

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