Trata de personas: Tres grandes pendientes del Gobierno en esta problemática

La trata de personas es otra de las pandemias que aqueja al Perú desde mucho antes que empezara la del COVID-19. Y es que solo entre enero y junio del presente año, la Policía Nacional del Perú registró 237 denuncias por trata de personas, siendo el 85% de los casos mujeres entre 18 y 29 años.

“Para las víctimas de trata y explotación sexual no solo se trata de privación de la libertad, sino que es un proceso complejo que anula las capacidades básicas para vivir de manera digna. Algunas de sus consecuencias, sobre todo en los y las más jóvenes, por ejemplo, es que pierden la escuela, junto a sus habilidades sociales, además de los graves daños de salud mental”, afirmó Susana Chávez, directora de Promsex.

Ante esta problemática, la participación del Estado se hace crucial para garantizar no solo los derechos fundamentales de la ciudadanía, sino para erradicar las economías que basan sus ingresos en este delito. Por ese motivo, el “Informe sobre la situación y contexto del delito de trata de personas y la explotación sexual”, desarrollado por Promsex, ha identificado, dentro de los diferentes matices que implica cada realidad de nuestro país, los tres grandes pendientes que tiene el Gobierno en este tema tan alarmante:

Precariedad laboral:

En un contexto en el que las mujeres presentan desventajas laborales, educativas y sociales frente a los hombres solo por temas de género, el empleo informal o ilegal toma un rol protagónico. Estas ofertas laborales se vuelven atractivas al proponer remuneraciones que, en muchas ocasiones, son mayores a las de los empleos formales.

Estigmatización de las víctimas:

Lejos de lo que puede pensarse, el rescate de una víctima no necesariamente la libera de vivir experiencias de violencia, sino que estas toman otras formas. Las víctimas de trata aparecen como reacias a colaborar, lo que hace que se construyan prejuicios hacia ellas. Esta percepción que se tiene de las víctimas, así como los patrones de comportamiento que muestran, generan prejuicios y estereotipos nocivos sobre ellas. Lo que origina una reducción en las ya pocas posibilidades de protección, o atención a sus necesidades inmediatas y a largo plazo, dejándolas en una situación de vulnerabilidad aún mayor.

Ausencia del Estado:

A la compleja situación que atraviesan las víctimas de trata, se le suma un Estado que ha fallado en su función de garantizar sus derechos. Esto significa que el Estado prioriza procesar al tratante, y no se enfoca en el cuidado de la víctima y sus necesidades. Ello se complementa con la alta informalidad y corrupción que hay en las diferentes entidades estatales, lo que provoca la impunidad de este delito y la no restitución de derechos de las víctimas.

El Estado no solo falla en el momento inmediato del rescate, al ser incapaz de brindar protección a las víctimas. Tampoco puede ofrecer otras posibilidades de desarrollo que la alejen de manera definitiva del círculo de la trata. Es así como las víctimas, al no encontrar mejores oportunidades, regresan a este porque lo identifican como la única manera disponible para sobrevivir.

“Cuando una mujer cae víctima de estas redes, se encuentra con muchas dificultades para salir de ellas. Si eventualmente lo logra, los impactos en su salud mental, física y social son severos. Por ello, es necesario fortalecer el eje de reintegración como línea de trabajo orientada a asegurar un entorno seguro y libre de violencia para las sobrevivientes de la trata”, finalizó Chávez.

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