La medida de la Sunedu de ampliar el plazo de cierre de universidades recibió cuestionamientos durante la semana. (Foto: GEC)
La medida de la Sunedu de ampliar el plazo de cierre de universidades recibió cuestionamientos durante la semana. (Foto: GEC)

Hoy se oficializó, a través de una norma en el Diario El Peruano, la ampliación del plazo —hasta por tres años— de cese de actividades de universidades y escuelas de posgrado con licenciada denegada, por parte de la .

La medida ha recibido cuestionamientos por la coincidencia en su anuncio con la confianza otorgada por el Congreso al Ejecutivo. Algunos parlamentarios pertenecen a partidos políticos que tienen vínculos con universidades cuya licencia fue denegada. Incluso los mismos congresistas de la Comisión de Educación están vinculados, .

Sin embargo, el superintentende Oswaldo Zegarra aseguró, en entrevista a RPP, que la medida se tomó pensando en “el interés superior del estudiante” y dijo que está orientada a "garantizar la continuidad de los estudios de los jóvenes de las universidades denegadas”.

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“El Consejo Directivo de la está conformado por profesionales que tienen trayectoria ética y profesional, cuyas decisiones no están sujetas a ningún mandato o a tratos que no sean exclusivamente técnicos”, declaró.

En tanto, el director de Supervisión de la Sunedu, Fernando Lazarte, dijo a Perú21 que la medida se tomó, por un lado, para mitigar “el impacto en el desarrollo de los planes de estudio” que las universidades ofrecen a los alumnos durante la emergencia por el coronavirus, debido a la necesidad de llevar clases virtuales.

“Cuando no se pueden llevar algunos cursos, que son requisitos de otros, evidentemente se genera un retraso. Ya tenían previsto algunas universidades la posibilidad de cerrar en dos años, pero los estudiantes que tenían previsto egresar en dos años, ahora no lo van a poder hacer”, explicó.

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Por otro lado, señaló que también se ha pensado en el impacto económico para aquellos estudiantes que pertenecen a grupos vulnerables o sus familias.

“Muchos se autosolventan sus estudios y han perdido sus trabajos o están percibiendo menos ingresos. Esto genera que tengan menores posibilidades para trasladarse, porque siempre un traslado implica tener un fondo económico para hacerlo”, acotó.

Finalmente, reiteró que la es un "organismo autónomo” y que, para esta decisión, “no ha tenido injerencia de ninguna otra autoridad”.

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