Los argumentos de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de para ratificar los siete meses de prisión preventiva para el suboficial , por abatir a un presunto delincuente durante una persecución, el pasado 13 de enero, fueron cuestionados.

La sala presidida por Andrés Villalta e integrada por Edwin Culquicondor y Manuel Arrieta se basó en la versión de una vecina del asentamiento Villa La Paz, en el distrito de Castilla, Piura, donde ocurrió la intervención. Ella, indicó que el agente disparó contra Juan Carlos Ramírez Chocán, y no lo auxilió.

En un video presentado por la defensa el viernes último, sin embargo, se ve que, cuando Miranda intenta ayudarlo, es atacado por los moradores. Los jueces, además, consideran que el sujeto estaba desarmado.

ARRAIGO

Lo que más se ha cuestionado es que la resolución indica que “si bien el imputado ha acreditado tener arraigo domiciliario y familiar; el arraigo laboral para el Colegiado no tiene la entidad que garantice que el agente no vaya a incurrir en la misma conducta, que es materia de investigación, o en otra similar”.

Para el director de Defensa Legal de la Policía, general (r) Máximo Ramírez de la Cruz, los jueces no tuvieron en cuenta el arraigo laboral y deslizan la posibilidad de que el policía vuelva a disparar contra alguien, cuando se sabe que Miranda está suspendido, mientras dure la investigación.
Así lo establece el reglamento.

Mostró también su malestar porque considera que los jueces han dado credibilidad a un testigo del Ministerio Público, pese a que se demostró había falseado la realidad.

“Esa señora dijo que no conocía a los familiares de la víctima y un video que se exhibió el día de la audiencia demostró lo contrario. Creen más a los allegados al delincuente que a la misma Policía”, dijo.

HÁBEAS CORPUS

El abogado penalista ndicó que “señalar que el agente no tiene arraigo es lo más absurdo. Se pretende justificar lo injustificable (...) El policía, además, actuó cuando el presunto delincuente estaba en flagrancia, no importa si este estaba armado o no. Se hicieron los disparos disuasivos y él no se detuvo”, indicó.

El especialista señaló que es momento de presentar un hábeas corpus para poder llevar el proceso en libertad. Considera que el pedido debería hacerse en la Corte de Lima, pues considera que no existen garantías en Piura.

TEMA DE FONDO
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El penalista , en tanto, consideró que la sala se excedió en sus apreciaciones y entró a temas de fondo, que se deben ver en el juicio, como la declaración de la vecina o la prueba de absorción atómica.

“No está en discusión la responsabilidad del agente, lo que se debía ver es si había peligro de fuga o si tiene arraigo laboral. Una comparecencia con restricciones era suficiente”, sostuvo.

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