La actividad petrolera en la región Loreto vive en permanente zozobra por una serie de acciones de hostigamiento y ataques por parte de grupos que se oponen al desarrollo de esta industria, denunció la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) tras condenar la violenta toma de la Estación 5 de Petroperú.
Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, indicó que como parte del llamado “Paro Amazónico” que se inició el último viernes, al promediar las 7 de la noche del lunes, una turba tomó la Estación 5, ubicada en la zona de Félix Flores – Saramiriza, distrito de Manseriche; poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores de la petrolera estatal, quienes tuvieron que ser evacuados.
“Esta medida de fuerza paralizó las operaciones del Oleoducto Norperuano (ONP), ya que la Estación 5 es el núcleo central para las actividades de esta infraestructura, a través de la cual se traslada toda la producción del circuito petrolero de Loreto hacia el Terminal de Bayóvar”, señaló.
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“No se puede tolerar acciones que atentan contra un activo crítico nacional tan importante para la seguridad energética del país. Nos preocupa la forma reiterativa en la que se vienen dando estos hechos delictivos, y la falta de reacción de las autoridades”, subrayó.
De la Flor, informó que las operaciones de PetroTal en el lote 95 también son objeto de hostigamientos por parte de un grupo que amenaza con la ocupación ilegal de las instalaciones.
“El sector hidrocarburífero peruano que viene atravesando una grave crisis por la caída de la producción e inversión, hoy también está bajo sometimiento de medidas de fuerza que desacatan la ley”, indicó.
En ese marco, expresó su preocupación por que este tipo de acciones estarían siendo azuzadas por grupos con intereses particulares que desconocen los esfuerzos que se vienen realizando desde el Estado para dar cumplimiento al plan de cierre de brechas sociales que se aprobó en el año 2020.
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El representante del gremio minero energético manifestó que la paz social es esencial para superar la crisis sanitaria y económica que enfrenta el Perú como consecuencia de la pandemia.
“Debe primar el diálogo en la solución de los conflictos, pero este proceso debe darse sin coerción ni condicionamientos que busquen que el Gobierno renuncie a sus competencias y obligaciones en salvaguarda del Estado de Derecho”, puntualizó.