La Contraloría advirtió que la Municipalidad de Trujillo no reguló ni organizó el servicio de serenazgo a través de una ordenanza municipal, lo que “contraviene el artículo 400 de la Ley Orgánica de Municipalidades” y “podría afectar el logro de objetivos del servicio, dando lugar a que sus actos no cuenten con la legalidad y debilitando el sistema de seguridad ciudadana”.
El informe de visita de control N° 13-2019-OCI/0424-SVC del 21 de junio último, además, da cuenta que el 25.4% de vehículos destinados por la comuna para realizar patrullajes está inoperativo.
Según el documento, 10 de las 42 motocicletas con las que cuenta la Gerencia de Seguridad Ciudadana están inoperativas, así como 24 de 67 camionetas, y 9 de 60 bicicletas.
Por ello, el órgano de control notificó al alcalde Daniel Marcelo para que, en 10 días, tome las acciones correctivas.
El burgomaestre, sin embargo, dijo que desconoce si existe una ordenanza que autorice el servicio de serenazgo, pues cuando asumieron la gestión esa área ya estaba implementada. “Ahí sí voy a tener un poco de dudas porque nosotros hemos llegado en esta gestión y esta gerencia ya ha estado funcionando”, señaló.
Sobre las unidades inoperativas afirmó que ya salieron del taller y están trabajando. Del mismo modo, indicó que se ha dispuesto que una empresa privada arregle los vehículos para no perjudicar el servicio.
También denunció que al asumir su gestión se detectó que desconocidos habían sacado autopartes y por ello varios patrulleros quedaron inoperativos.
El regidor Robert de la Cruz, por su parte, señaló que la Comisión de Seguridad Ciudadana del concejo deberá evaluar el informe de Contraloría para levantar las observaciones.
La Contraloría también dio cuenta que las comunas de La Esperanza y Víctor Larco, que son distritos de Trujillo considerados como zonas rojas, tampoco cuentan con ordenanzas que regulen el servicio de serenazgo. Asimismo, observó las unidades que usan para el servicio de patrullaje.
A los burgomaestres de estos municipios también se les dio el mismo plazo para que informen sobre las acciones correctivas.