El año pasado, solo 98 mineros artesanales en todo el país lograron formalizarse, según información del Ministerio de Energía y Minas. De estos 98, solo ocho lo hicieron en la región La Libertad, jurisdicción que en los últimos meses ha concentrado la atención por los constantes acontecimientos delictivos protagonizados por mineros ilegales.
El proceso de formalización es un fracaso para el Estado, y eso lo saben las autoridades. Los delincuentes al disfrazarse de mineros han encontrado un caldo de cultivo para ampliar su imperio criminal.
En este momento, según el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en la provincia de Pataz, en La Libertad, hay 2,416 mineros con el proceso suspendido y solo 512 siguen en camino a la legalidad.
Bajo los números oficiales de ocho formalizados por año en la región, solo Pataz necesitaría 42 años para formalizar a los 512 vigentes, y 300 años para llevar a la formalidad a los que tienen el Reinfo suspendido. Inadmisible.
Aunque el Reinfo se creó con el propósito de promover la formalización, se sacó la vuelta a la norma —como en muchas cosas en este país— y se ha convertido en una vía para permitir actividades ilegales, muchas de las cuales han derivado en prácticas delictivas.
Es que en buena cuenta, el Reinfo solo es un papel que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le entrega a un minero ilegal para que siga ejerciendo su actividad bajo un manto de legalidad.
Lo primero que exige la Ventanilla Única del Minem para obtener es una declaración jurada indicando las coordenadas en donde el minero está trabajando. Sin embargo, hecha la ley hecha la trampa porque el que presenta la solicitud puede trabajar, explotar o robar mineral de cualquier otro espacio y el Estado no tiene cómo verificar.
Lo segundo que debe hacer un minero ilegal para mantenerse en el Reinfo es una declaración jurada de su producción semestral. Ambos requisitos son fáciles de presentar, incluso existen abogados y pequeños estudios legales especializados en estos procedimientos. Pero, de los que intentan cumplir la norma solo son 512. ¿Qué pasa con los casi 2,500 con Reinfo suspendido?
ARMAS Y EXPLOSIVO
El Decreto Legislativo 1607 —aprobado en diciembre pasado por el Ejecutivo— establece cambios a la ley de Crimen Organizado que le permitirá a la Policía actuar sobre los mineros que tienen el Reinfo suspendido en Pataz y otros lugares (Ver Infografía).
Este documento dispone que el 20 de marzo de este año sea el plazo final para que los mineros subsanen su situación y varíen su estado de suspendido a vigente. Quienes incumplan esta obligación quedarán excluidas del Reinfo de forma automática pasando a ser totalmente ilegales.
Sin embargo, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) no está de acuerdo con este plazo. Piden que el tiempo de prórroga se extienda hasta el 31 de diciembre de 2024 y anuncian una movilización nacional para los días 11 y 12 de marzo.
¿Por qué el miedo a actualizar sus Reinfo?
En las carreteras de La Libertad, en las provincias de Pataz y Sánchez Carrión, es muy fácil transitar con un Reinfo suspendido, pues, los agentes policiales no tienen recurso tecnológico alguno para constatar que el papel que le muestra un intervenido que lleva kilos y kilos de mineral esté actualizado o mucho menos el origen del recurso.
El Reinfo también puede ser alquilado, comprado o revendido al gusto del cliente. Por redes sociales, mineros que han obtenido este documento, ofrecen Reinfo, previa negociación.
Por si fuera poco, con este documento alquilado, un delincuente puede ir a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec) y solicitar un permiso excepcional para el uso de explosivos.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha indicado que mantener los plazos originales dentro de un proceso de formalización de carácter extraordinario y temporal puede actuar como incentivo para que los pequeños mineros y mineros artesanales se formalicen de manera oportuna. La extensión de plazos podría reducir la urgencia de completar su proceso de formalización.
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