A casi un mes de iniciado el año escolar, la Defensoría de Pueblo detectó que el material educativo que entrega el Ministerio de Educación a los estudiantes de las escuelas públicas aún no llega a todos los colegios del país.
Durante una visita itinerante a la provincia de Quispicanchi, en Cusco, se pudo comprobar que la Institución Educativa de Tayancani, en el distrito de Carhuayo, aún no ha recibido los cuadernos de trabajo. De igual manera, en el colegio Señor de Qoyllorrity, en Ocongate, aún no se distribuyen los módulos de comprensión lectora y reforzamiento.
Los comisionados de la Defensoría del Pueblo también encontraron que en la escuela N° 50490 Las Mercedes, del distrito de Ccatcca, se distribuyeron cuadernos de trabajo en quechua, pese a que la mayoría de estudiantes habla únicamente castellano. En este lugar hay 1,086 estudiantes afectados por esta situación.
La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por esta problemática, pues la falta de material educativo agrava el estado de los colegios públicos rurales, que en el 86% de casos no tiene acceso adecuado a los servicios de agua y saneamiento y en el 30%, no cuenta con un servicio eléctrico apropiado.
Estas carencias impactan negativamente en el aprendizaje de los niños, pues de acuerdo a la última Evaluación Censal de Estudiantes, llevada a cabo en el 2016, solo el 16.5% de estudiantes de segundo grado de primaria del área rural logró aprendizajes satisfactorios en Lenguaje, en contraste con el 50.9% de estudiantes que logró resultados positivos en el área urbana. En Matemática esa brecha es aún más significativa: 17.3% en el área rural frente al 36.6% del área urbana.
Se ha calculado que, si no se toman acciones para revertir esta situación que afecta los derechos fundamentales de los escolares, para el año 2025 la brecha de infraestructura educativa será de 100 mil millones de soles.
Por ello, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Educación que apruebe la Política de Atención Educativa para la población del ámbito rural, la que debe garantizar iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un servicio educativo de calidad.