La minería se desangra. La actividad que genera mayores ingresos al país está amenazada por la criminalidad. La minería ilegal, en complicidad ahora con bandas criminales, viene imponiendo el terror hace mucho tiempo. La minería llora a sus muertos, a más muertos. El Estado, mientras, bien gracias. Mira, pero no hace nada.
La empresa minera Poderosa, en el distrito de Pataz, en la sierra de La Libertad, ha vuelto a ser víctima de un nuevo ataque. Esta vez la muerte alcanzó a nueve de sus trabajadores la madrugada del último sábado. Los mataron en una emboscada tras caer sobre ellos dos sacos de anfo lanzados por los delincuentes. Minutos antes, los criminales armados irrumpieron en el socavón, hirieron a un agente de seguridad y secuestraron a cuatro personas, que fueron liberadas, apenas llegó a ese lugar un contingente de seguridad de la empresa. La explosión, además, dejó 15 personas heridas; dos se encuentran en UCI.
Ya en julio, hace cinco meses, la compañía había advertido de la invasión de los conocidos ‘parqueros’, delincuentes mineros, que pretenden —con armas de fuego y explosivos— controlar las operaciones mineras, y pidió la intervención urgente de las autoridades para desarticular a estos grupos criminales.
Ha sido recién después de estos nueve muertos que el Ejecutivo parece empezar a abrir los ojos, a despertar, y darse cuenta de la gravedad de este problema. Los gremios empresariales le han gritado, han rechazado este atentado terrorista y le han exigido que reaccione, que haga algo.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Confiep, ComexPerú, Perú Cámaras, ADEX, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y otras entidades se pronunciaron rechazando este ataque y le exigieron al Estado más acción, una respuesta inmediata, que cumpla con sus obligaciones de garantizar la seguridad y demandaron que el crimen de estos trabajadores no quede impune.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, ha solicitado la presencia de la presidenta Boluarte en la zona y le ha reclamado que su gobierno “solo decreta estados de emergencia sin políticas claras para instalar comisarías”. El gobernador de La Libertad, César Acuña, pide la intervención del Ejército y la Defensoría del Pueblo ha condenado esta masacre. Es decir, la ciudadanía en general ha cuestionado este cobarde ataque y pide al Ejecutivo que, de una vez, pare este accionar delictivo que ahuyenta la inversión privada.
Mientras, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, anunció que unos 60 agentes policiales han sido desplazados hasta Pataz para resguardar la zona y no descartó que llegue allá un contingente militar. Horas después, tras los reclamos de todos los sectores y de la ciudadanía, el Gobierno decidió enviar, ya muriendo la tarde, a los ministros del Interior y de Energía y Minas hasta ese distrito liberteño.
TREN DE ARAGUA
La Policía informó que, tras el brutal ataque, se detuvo a siete personas, integrantes de la banda criminal La Gota del Norte, dedicada a la minería ilegal, extorsión y sicariato, y que cayeron con tres armas de fuego. Todos los detenidos son peruanos.
Chávez ha señalado que detrás del ataque a la minera estaría la feroz organización Tren de Aragua, instalada ya hace meses en esa apetitosa zona, tras seguir la ruta de la minería ilegal. “Las tres bandas que están ahí son bandas pertenecientes a nacionalidad extranjera y de forma particular al Tren de Aragua. Esa información ya la tiene Inteligencia y la Policía. Recordemos que ya llevamos cerca de 180 días en una declaratoria del estado de emergencia en dicha zona”, dijo el ministro.
Los enfrentamientos entre bandas de ‘parqueros’ se han intensificado en Pataz. Estos grupos venden sus servicios de seguridad a la minería ilegal e intentan, bajo amenazas extorsivas y ataques terroristas, imponer nuevas reglas de reparto del material minero que sale de las concesiones de las empresas formales. Las estructuras de la minería ilegal han contratado al Tren de Aragua, que opera con algunas bandas delictivas satélites.
Pablo de la Flor, representante de la minera Poderosa, señaló que la raíz de este problema nace en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Es, en esencia, un mecanismo que da patente de corso a estos mineros ilegales para continuar con sus actividades ilícitas. Fue concebido para facilitar la formalización, pero que, a la postre y ante las reiteradas renovaciones, ha devenido en un manto de protección a la ilegalidad. En el Congreso hay hasta tres proyectos para ampliar los plazos que vencen en diciembre de este año. Hay nexos entre algunos congresistas y estos ilegales”, explicó.
