Las protestas contra Tía María fueron continuas a lo largo del 2019. (GEC)
Las protestas contra Tía María fueron continuas a lo largo del 2019. (GEC)

Este año ha estado marcado por diversos conflictos sociales, ya que, de acuerdo con cifras de la , han ocurrido 220 eventos de ese tipo a lo largo del país. De todos ellos, los que han repercutido más son Las Bambas (Apurímac y Cusco), Tía María (Arequipa) y Quellaveco (Moquegua).

Tía María

El 8 de julio, a pocos días de que expirara la vigencia del estudio de impacto ambiental, el Gobierno autorizó la construcción del proyecto minero Tía María, lo que desató movilizaciones, así como enfrentamientos entre manifestantes y policías.

En respuesta, los opositores al proyecto presentaron tres recursos de revisión de la licencia. Una de ellas fue interpuesta por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. En medio de las protestas, el 9 de agosto, el Consejo de Minería decidió suspender por 120 días la licencia de construcción del proyecto Tía María.

El 30 de octubre, el Consejo de Minería, ente autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), resolvió declarar infundados los tres recursos de revisión presentados contra la licencia de construcción del proyecto. Por lo tanto, se mantuvo la licencia entregada por la Dirección General de Minería a Southern Perú.

Ante ello, los habitantes del Valle de Tambo acordaron reorganizar sus manifestacions. Además, el Gobierno Regional de Arequipa anunció que presentaría una demanda contencioso-administrativa contra Tía María.

El ministro de Energía y Minas (Minem), Juan Carlos Liu, informó que el proyecto minero Tía María no operará hasta antes del 2024 y que no será impuesto hasta que se llegue a un diálogo con los residentes de la zona.

Uno de los sectores perjudicados por las protestas contra Tía María fue Educación, ya que 4.720 alumnos del Valle de Tambo, en la provincia de Islay, continuarán con sus clases hasta el 15 de enero del próximo año debido a las continuas paralizaciones.

Además, la Policía dispuso que más de mil agentes permanezcan en estas fiestas de fin de año en la provincia de Islay, región Arequipa, para garantizar la seguridad y el orden público, pese a que las protestas contra el proyecto minero Tía María disminuyeron en el Valle de Tambo.

Las Bambas

Otro conflicto social surgido en los primeros meses del año fue el de Las Bambas. El pasado 4 de febrero, la comunidad de Fuerabamba (Cotabambas, Apurímac) restringió un tramo de 12 kilómetros de la vía nacional que atraviesa el fundo Yavi Yavi, ubicado en la región Cusco, y que lleva al puerto de Matarani.

Ante ello, una comitiva del Ejecutivo viajó, el 25 de marzo, a Abancay para dialogar con el Gobierno Regional de Apurímac sobre el conflicto con los comuneros de Fuerabamba.

En una segunda jornada de diálogo, realizada el 6 de abril, entre Fuerabamba, MMG Las Bambas y el Ejecutivo se acordó el desbloqueo de la vía por parte de la comunidad, así como los accesos a la minera.

Diez días después, el Ejecutivo estableció la conformación de la Comisión Multisectorial denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas.

Sin embargo, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, advirtió que se realizaría un nuevo bloqueo de vías si no se archivan las denuncias penales contra los comuneros que participaron en las protestas durante los últimos años contra Las Bambas.

Las comunidades de la provincia de Chumbivilcas, en la región Cusco, bloquearon desde el 22 de setiembre el paso de vehículos en el corredor minero para exigir, entre otras demandas, la derogación del decreto supremo del MTC que reclasificó la vía como nacional. A causa de los bloqueos, los camiones de la empresa minera MMG Las Bambas no podían transitar por la carretera.

MMG Las Bambas explicó, a través de un comunicado, que los habitantes de Chumbivilcas reclaman el pago de un derecho de vía que atraviesa sus propiedades. Sin embargo, aclaró que dicho tramo de la carretera fue construido antes de que el proyecto minero inicie su operación.

El 16 de octubre, el Ejecutivo, a través de un decreto supremo, declaró el estado de emergencia en una parte del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa. La norma indicaba que la medida abarca a cuatro distritos de Chumbivilcas (Cusco). Ese mismo día, la Policía procedió a desbloquear el corredor minero, en el sector que corresponde al Cusco, sin ningún tipo de enfrentamiento.

El 24 de octubre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a Paola Bustamante como “Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur”. Dicho corredor abarca las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, señaló que la solución definitiva para el conflicto en la mina Las Bambas es la construcción del mineroducto.

Quellaveco

A mediados de julio, en Moquegua, manifestantes bloquearon el puente Montalvo e impidieron el pase de los vehículos que se dirigen hacia esa ciudad y al norte del país, en el marco de las protestas contra el proyecto minero Quellaveco.

Las movilizaciones continuaron en agosto. El 12 de dicho mes, los manifestantes iniciaron una huelga regional indefinida en contra del proyecto minero. Como en anteriores oportunidades, bloquearon diferentes puntos de la carretera Binacional, cerca del sector de Tumilaca, así como las vías hacia Puno y Arequipa.

El gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, remarcó que el malestar de los ciudadanos de Moquegua se generó porque, supuestamente, la empresa Anglo American, a cargo de la ejecución del proyecto minero Quellaveco, no habría cumplido con los 26 acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo.

Tras 8 días de bloqueos, el 19 de agosto, los agricultores del Valle de Tumilaca acordaron, en una mesa de diálogo con el Gobierno nacional y el Gobierno Regional de Moquegua, desbloquear la carretera Binacional.

Sin embargo, las protestas se reiniciaron el 5 de noviembre porque, supuestamente, el Gobierno nacional no habría cumplido con algunos acuerdos que se tomaron.

Tras 10 días de paro indefinido, los agricultores del sector de Tumilaca, en la región Moquegua, decidieron levantar el paro que acataban en rechazo al proyecto minero.

Luego de una reunión entre representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y del Comité de la Sociedad Civil de Agricultores de Tumilaca, se acordó varios puntos para poner fin a la paralización y dar pase al diálogo.

Análisis

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, afirmó que el 65% de los conflictos sociales tiene causas vinculadas a la actividad minera.

“Desde el 2007 el tipo de conflicto socioambiental vinculado a actividad minera es el más numeroso y el más complejo, moviliza a actores muy diversos, donde hay intereses económicos muy grandes, hay mucha desconfianza en el Estado y está de por medio también los medios de vida de la población, agua tierra y bosque”, señaló el funcionario.

Por otra parte, destacó la creación de la figura de un alto comisionado para el caso de Las Bambas, ya que el Viceministerio de Gobernanza Territorial y su Secretaría de Gestión Social y Diálogo “han sido absorbidos” por la conflictividad social.

“Parece una buena idea crear la figura de un alta comisionada porque es un caso muy grande, requiere una concentración mayor de esfuerzos y una capacidad para desarrollar relaciones con dirigentes, con autoridades en la zona, hacer permanencia en lugares distintos porque hay muchas comunidades y distritos que intervienen”, indico.

Luque destacó que el número de personas fallecidas en los conflictos sociales ha disminuido en relación con otros años. Además, indicó que la Policía ha actuado de manera más prudente y ha evitado el uso de armas de fuego.

“El número de personas fallecidas a lo largo del 2019 han sido de dos personas, desde luego siempre es una cifra que nos debe causar preocupación, pero en el 2012 fallecieron 24 personas, en el 2015 murieron 19 personas”, señaló.

“La Policía ha actuado de una manera más prudente, ha evitado en muchos casos hacer uso del máximo de la fuerza, utilizar armas de fuego, ha privilegiado el trato directo con los movilizados, ha privilegiado el uso de armas no letales, ha privilegiado la negociación y de determinados acuerdos para que las marchas puedan discurrir, pero en términos pacíficos. En este punto la Policía a lo largo del 2019 ha tenido menos problemas que en años anteriores”, agregó.