La Defensoría del Pueblo afirmó que la instalación de un espacio de diálogo es la única vía posible para resolver el conflicto en la comunidad del pueblo de Uranina, región de Loreto, que va dejando al menos un muerto y varios heridos.
A través de un comunicado, la Defensoría invocó a la referida comunidad de la región Loreto a optar por este mecanismo para dar solución de la problemática originada por la elección de los integrantes de la junta directiva de la comunidad Uranina y la conducción de sus tierras comunales.
El pasado el 17 de abril del 2019 se registró un enfrentamiento entre miembros de la comunidad nativa La Petrolera y del anexo Bellavista, del pueblo indígena Urarina, en el distrito del mismo nombre.
Este hecho causó la muerte de Cristian Java Ríos y se denunció el fallecimiento de otras cuatro personas, cuyos cadáveres a la fecha no habrían sido ubicados.
Mientras, los seis heridos fueron identificados como: Robles Pisco Torres, Weyder Java Ríos, Royer García Yuinachi, Andrés Sandi Taricuarima, Rosa Quisto Vela y Ángel Flores Ocmin.
Ante estos graves hechos, la Oficina Defensorial de Loreto solicitó la inmediata intervención de la Fiscalía Provincial Corporativa de Nauta para iniciar las investigaciones que permitan su esclarecimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.
“Además, se requirió a la Policía Nacional del Perú (PNP), apoyar las investigaciones y preservar el orden y la tranquilidad en la zona en conflicto, previniendo su escalamiento, que pueda significar mayores víctimas mortales o atentados contra la integridad de los miembros de la comunidad”, señala el pronunciamiento.
La Defensoría también solicitó, si fuera necesario, la presencia de un traductor o intérprete durante las investigaciones que comprenden a ciudadanos de Urarina (Loreto).
Esto con la finalidad de facilitar a los investigados la comprensión de los procedimientos legales que se llevarán a cabo, salvaguardando las garantías previstas en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Política y el Código Procesal Penal.