Según consta en el acta, un grupo de policías y dos representantes del Ministerio Público acudieron el sábado 8 de agosto, alrededor de las 11 de la noche, al frontis de las instalaciones de la empresa petrolera en Lote 95. Su objetivo era reestablecer el orden público y contrarrestar la posible toma del campamento por parte de los indígenas de las comunidades nativas de Huacrachiro, Ancash, Victoria, Las Palmas, entre otras comunidades de la cuenca del Alto Puinahua.