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El 62.7% de la población LGTBI peruana ha sufrido violencia y discriminación

Estudio revela que más del 40% teme expresar su identidad de género y normaliza la violencia.

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Población vulnerable. Encuesta del INEI revela la situación de discriminación en que se encuentra la población LGTBI en el Perú. (RenzoSalazar/Perú21)

Población vulnerable. Encuesta del INEI revela la situación de discriminación en que se encuentra la población LGTBI en el Perú. (RenzoSalazar/Perú21)

Mariella Sausa

Las comunidades de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexo (LGTBI) son blanco de una serie de violaciones a sus derechos. En el Perú, el 62.7% de esta población asegura haber sufrido algún tipo de violencia y discriminación y en más del 60% de los casos, esta se produjo en espacios públicos o en el ámbito educativo, así como en diversas instituciones del Estado.

Esta es una de las conclusiones de la Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI que realizó entre mayo y agosto del año pasado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque el estudio fue respondido de manera voluntaria por 12,026 personas, por lo cual no aporta datos de toda la población LGTBI peruana, se trata de los primeros datos oficiales que existen de estas comunidades.

El documento revela que, entre los encuestados, un 12% asegura que sufrió algún tipo de discriminación en el trabajo. Además, entre el 39.2% de la población que no asiste a la escuela, un 2.7% señala que no lo hace porque ha sido discriminado o violentado en ese espacio por su identidad de género.

Llama la atención que la encuesta señale como los principales agresores de la población LGTBI a los compañeros o padres de la escuela (55.8%), así como a los líderes religiosos (42.7%), funcionarios públicos (32.7%) y hasta a la propia familia (28%).

Debido a esa situación de intimidación, un 40.9% de las personas que respondieron la encuesta asegura que tiene temor de expresar su identidad de género en forma pública. En la mayoría de casos (72.5%) por miedo a ser víctima de violencia o discriminación, a perder a su familia (51.5%) o quedarse sin trabajo (44.7%).

Sin embargo, el 71% de los entrevistados asegura que su familia sí conoce que es una persona LGTBI y en el 43% de los casos respetan y aceptan su identidad. Empero, 35.9% sostuvo que, aunque su familia aceptó su situación, negó su orientación sexual; mientras que un 18.2% fue obligado a asistir a un psicólogo o curandero, y casi un 1% fue sometido a tratamientos hormonales con el fin de “corregirlos”.

“Es como si la orientación sexual, la identidad de género o ser LGTBI fuera una enfermedad que se pudiera curar con estas supuestas terapias de reconversión, que son en realidad actos de tortura que aún se ven en estos días”, comentó Dante Ponce de León, comisionado de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

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NADIE DENUNCIA

Pero la encuesta revela más situaciones preocupantes, como por ejemplo que un 95.6% de la población LGTBI no denuncia los actos de discriminación y violencia, y en el 55% de los casos no lo hacen porque piensan que es perder el tiempo o porque creen que su problema no era grave o se lo merecían (40.8%).

“Esto es alarmante, pues revela que casi la mitad de la población LGTBI ha normalizado esta violencia y ha interiorizado que los ataques contra ellos están bien y no tienen por qué quejarse. Además, preocupa que esta población no esté encontrando apoyo en las instituciones del Estado”, manifestó Ponce de León.

Según el informe anual del Observatorio de Derechos LGTBI, durante 2016 se registraron 18 homicidios y 416 casos de violaciones de derechos de este grupo poblacional. Empero, la legislación peruana no sanciona de manera expresa los actos de violencia y discriminación contra las personas LGTBI.

Aunque el Decreto Legislativo 1323 incluía este tema, el Congreso aprobó el año pasado un proyecto para derogar esta parte de la iniciativa, pero el Ejecutivo observó dicho dictamen, por lo cual la orientación sexual y la identidad de género son categorías de discriminación que se deberían tener en cuenta al momento de imponer sanciones.

“Esto quiere decir que, pese a todo, el decreto 1323 está vigente y se puede denunciar un acto de discriminación o cualquier otro delito motivado en la identidad de género o la orientación sexual de las personas”, anotó Ponce de León.

MUY POCOS AVANCES

No obstante, Eduardo Juárez, secretario de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB, señaló que en la práctica esto no es tomado en cuenta y, en ese sentido, manifestó su preocupación por la falta de voluntad política de las autoridades para implementar políticas públicas que atiendan la problemática de este grupo.

“La encuesta de la población LGTBI se realizó el año pasado con apoyo de varias organizaciones y, aunque los resultados ya se tienen desde hace buen tiempo, aún no han sido publicados y difundidos debidamente”, manifestó.

Asimismo, comentó que, aunque en los últimos años ha habido algunas iniciativas a favor de la población LGTBI –como su inclusión, por primera vez, en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2021 y su incorporación en dos mesas de trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables–, aún falta mucho trabajo por hacer, sobre todo en el Congreso, pues no existe ninguna iniciativa legislativa aprobada que favorezca a estas comunidades.

“Leyes como la unión civil o el reconocimiento de la identidad de género no han prosperado. Es que la problemática de la homofobia y transfobia en el Perú no solo se limita al ámbito social sino que incluso alcanza a las propias entidades del Estado”, subrayó Juárez.

LA TAREA PENDIENTE

Ponce de León dijo que también está pendiente que las autoridades fiscales y judiciales unifiquen criterios con las diversas instituciones públicas para evaluar mejor los casos de discriminación a la población LGTBI y asegurar la atención en todas las instancias.

En ese contexto, Juárez comentó que en el tema de la salud también hay un pendiente porque, pese a que hace un año el Ministerio de Salud aprobó una norma técnica para atender a mujeres trans con terapia hormonal, esta todavía no se está aplicando por falta de presupuesto. “Desde el Estado no hay una mirada de la salud integral de la población LGTBI sino que se asocia únicamente al VIH”, dijo.

Por su parte, Susana Chávez, directora del Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, comentó que el Estado debe trabajar también en el reconocimiento de la identidad de las personas LGTBI, pues muchas están catalogadas según sus documentos de nacimiento, pero sin tener en cuenta el sexo con el que se identifican.

“Esto también es discriminación porque es una forma de imposición, y a eso se añade que el tener esa identidad expone a la persona al peligro por la violencia de la que puede ser víctima. Corresponde al Estado dar seguridad a todos los ciudadanos, pero eso no está ocurriendo con ciertos grupos y eso es lo que se reclama”, aseveró.

TENGA EN CUENTA:

* La Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI alcanzó a 8,630 encuestados entre 18 y 29 años de edad y 3,396 de 30 años a más.

* El estudio reveló que para la población LGTBI las únicas instituciones públicas que defienden sus derechos son el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.

* Los casos de violencia y discriminación contra esta población pueden denunciarse en la Fiscalía, en Indecopi (si se trata de una relación de consumo) y en las municipalidades. En Lima Metropolitana, solo el 50% de comunas tiene ordenanzas contra la discriminación LGTBI.

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