Ni una menos: Leyes blandas contra la violencia son un grave problema [INFOGRAFÍA]

“Una pena debe ser proporcional a la gravedad del daño causado. Si existen penas más severas para otros delitos, como es el caso de los delitos patrimoniales, ¿por qué no ocurre lo mismo para el caso de una violación sexual?”. Esta es la reflexión que hizo la abogada María Ysabel Cedano, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

Ella se refiere, específicamente, al artículo 170 del Código Penal, que establece penas de 6 a 8 años para el caso de ultraje sexual. Precisamente, este es el rango de pena privativa de la libertad que podría recibir Marco Antonio Luza Segundo (45), acusado de violar a una mujer que llegó a su casa a censarlo, en Villa El Salvador.

“Si bien en el caso de ultraje a niños la sanción puede llegar a la cadena perpetua, ¿cuál sería la diferencia entre un acto y otro? ¿Solo la edad? De lo que se trata es de castigar el abuso del poder sobre el cuerpo y la sexualidad de otro ser humano, además de todo el daño que esto causa. Dependiendo de cada persona, la violación puede destruir vidas”, señaló.

Entonces, ¿las penas deben ser más drásticas? “Sí. Pero no creemos que la pena de muerte ni la castración química sean la solución. La pena de muerte en un sistema de justicia con errores, con corrupción, podría generar problemas. Se trata de prevenir. En lugar de crear más cárceles, debería haber más colegios con educación sexual”, refirió Cedano.

Destacó que la importancia de modificar las sanciones para el tipo base de violación sexual –es decir, el artículo 170 del Código Penal– es que haría que las penas para todos los demás agravantes tengan que ser incrementadas.

Otro aspecto que pidió que se tome en cuenta es la secuela psicológica que deja este tipo de ataques. “Este es un acto que va a ser bien difícil de sanar…

Ahora se reconoce que existe un maltrato psicológico, un daño emocional, que genera depresión, angustia, ansiedad y ataques de pánico”, recalcó. En cuanto a la creación de una comisión de alto nivel para ver el tema de la violencia contra la mujer –anunciada el último miércoles 25 por la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz–, Cedano enfatizó que, en noviembre de 2015, se emitió la Ley N° 30365 –denominada Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres– en la que ya se indicaba la conformación de un grupo de trabajo.

“Dicha norma establecía, claramente, que la comisión estaría integrada por representantes de nueve ministerios, del Poder Judicial, Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. En julio de 2016, se emitió su reglamento. Desde esa fecha, no ha sesionado ni una sola vez”, destacó.

SALUD MENTAL:

Por su parte, Rosario Sasieta, ex congresista y abogada especialista en temas de familia, dijo que existen desfases, desde el punto de vista legal, que hacen que la ciudadanía no sienta seguridad jurídica. Y las sanciones para los casos de violación sexual se encuentran en este grupo.

Desde su perspectiva, los mayores de edad que han sido sentenciados por violación deberían ser internados en colonias penales, similares a lo que alguna vez fue El Sepa. “Deben ir a colonias agrícolas inaccesibles, donde se planteen trabajos manuales para ellos y se puedan autosostener”, indicó.

Señaló, también, la necesidad de contar con un “ejército” de psicólogos que pueda trabajar, en especial, con las víctimas de violación y ayudar a su recuperación.

“No podemos permitir que la salud mental de nuestro país se siga deteriorando. Hay que trabajar en los colegios y en diversos entornos de la sociedad”, puntualizó.

Sasieta se mostró a favor del anuncio hecho por la premier, de crear el Registro Nacional de Agresores. “Generalmente, estas personas se escudan en el anonimato y nadie los llega a conocer. Es una estupenda forma de saber quién es quién. Ha demorado su tiempo, su maduración. Pero bastará con entrar a Internet para saber si alguien ha tenido sentencia por delitos de agresión”, indicó.

TENGA EN CUENTA:

* El martes 24 de octubre, el presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, dijo que la pena que le esperaría a Marco Luza sería de 6 a 8 años de cárcel porque la Fiscalía lo denunció por el tipo base del delito de violación sexual.

* Afirmó que en Derecho Penal se tienen que aplicar las normas tal cual están escritas y que el incremento de las sanciones no es una tarea del PJ.

* La comisión de alto nivel estará integrada por la premier y los ministerios de la Mujer, de Cultura y del Interior.