La Libertad: Contraloría halla presunta responsabilidad de tres funcionarios en compra y distribución de pruebas rápidas

En el marco de la pandemia por el coronavirus, la Contraloría General de la República identificó una presunta responsabilidad penal y/o administrativa en tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en la región La Libertad, por un supuesto sobredimensionamiento al momento de adquirir pruebas rápidas para el diagnóstico de esta enfermedad.

Así lo confirmó la entidad contralora, mediante sus redes sociales, donde indica que las pruebas rápidas se adquirieron, sin el sustento correspondiente, las cuales estaban destinadas para los servidores ediles que realizaban trabajo presencial.

Esto queda detallado en el informe de control 039-2020, donde se precisa que el periodo de esta evaluación fue del 25 de mayo al 1 de octubre de 2020, y se añade que los funcionarios no acreditaron ni sustentaron el destino de 606 pruebas rápidas para detectar el COVID-19.

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Para la Contraloría estos hechos afectaron la correcta administración pública y el uso de los recursos del municipio trujillano ocasionando un perjuicio económico de S/ 29 027.40.

El informe indica que la comuna adquirió 3000 pruebas rápidas por un monto de S/ 143 000.00 para un grupo de 1,500 trabajadores que se incorporaron a realizar labores presenciales, a quienes se les aplicaría dos veces el examen; sin embargo, ante la revisión y verificación efectuada por los especialistas a la relación del personal, se encontraron registros duplicados, determinando que se adquirieron 676 pruebas más de las necesarias.

El ente contralor añadió que además se comprobó que del 25 de junio al 24 de julio, se tomaron 2239 pruebas, de las cuales 555 fueron aplicadas a personas que no trabajan para el municipio sino en los Organismos Públicos Descentralizados de la comuna, con lo cual se habría incumplido con la finalidad pública y objeto de la contratación.

Esta situación fue puesta de conocimiento al alcalde del municipio para que adopte las acciones administrativas y a la Procuraduría de la Contraloría para que inicie las acciones legales correspondientes contra los involucrados en actos de presunta irregularidad.

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