La inversión pública debe ser un medio para mejorar la calidad de vida de la población

Según el último reporte de la Contraloría General de la República (GCR), a septiembre del 2021, cerca de 2445 obras a nivel nacional, valorizadas en S/18.3 mil millones, se encuentran paralizadas.

Ante esto, José Escaffi, Presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara de Comercio Canadá Perú (CCCP) realizó un análisis en donde remarca la importancia de los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), así como el empoderamiento de los funcionarios públicos para asegurar un correcto ritmo de ejecución.

Dentro de su estudio, Escaffi recoge los datos obtenidos por la GCR desde el 2010 en donde, si bien los recursos asignados a la inversión pública están incrementando, la ejecución de las obras ha ido en descenso cada año. Solo en 2021 se esperar alcanzar un récord más prometedor.

Por otro lado, manifestó la preocupante situación en las fases de la Inversión Pública entre el gobierno y las gerencias regionales, la cual deja como consecuencia expedientes técnicos de baja calidad que se traducen en sobrecostos durante las ejecuciones de obras.

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La GCR afirma además que el 76.43% de obras detenidas están en gobiernos regionales y locales, lo que representa cerca de S/14 mil millones de inversión truncados. Los sectores con mayor cantidad de proyectos paralizados son Transportes y Comunicaciones (607) y Vivienda y Construcción (577).

Los menos afectados son los ámbitos de Energía y Minas (40) y Fonafe (45). Deficiencias técnicas o incumplimiento contractual (25.81%); falta de asignación presupuestal (23.19%); y nula declaratoria de causal (18.20%) son algunos de los motivos de la paralización.

Por tal motivo, Escaffi reconoce que el modelo G2G junto al uso del Project Management Office (PMO) son necesarios para destrabar los proyectos, ya que este se conformará de una agencia autónoma que velará por las contrataciones. Asimismo, hará uso de contratos estándar internacionales (NEC o FIDIC) colaborativos y contará con comités de expertos que califiquen el estado de la obra y no solo el tema económico. Cabe recordar que esta modalidad ha permitido obras como los Juegos Panamericanos celebrados en la capital en 2019.

“En el ámbito del saneamiento, vemos que actualmente se tienen 50 Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) por región. Esto no asegura agua de calidad las 24 horas del día. Por ello se debe optimizar para colocar una empresa por región, la cual combine PMOs con Asociaciones Público Privadas (APPs) para asegurar el recurso hídrico cumpliendo todos los estándares. Debemos recordar que el objetivo de estas obras es el bienestar del ciudadano”, indicó Escaffi.

Finalmente, el especialista recomienda que el Estado debe regular de una forma positiva, promoviendo incentivos y mecanismos que alienten a la ejecución de las obras simplificando los procesos con el objetivo de un mejor avance. Definir y clasificar los errores para otorgar las sanciones correspondientes, así como ir dejando de lado el enfoque formalista que se maneja actualmente.

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