La mañana del martes, 11 de abril, la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos realizó la incautación de los bienes del exsecretario de Fuerza Popular, , como parte de la investigación que se le sigue por los delitos de lavado de activos y fraude en contra de la y el Estado. Sin embargo, esto no habría seguido el debido proceso según informa la propietaria de las acciones de la Universidad.

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A continuación, el comunicado emitido por la institución:

Ante la reciente incautación irregular de bienes, ordenada en contra de la Universidad Alas Peruanas (UAP), la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), propietaria de las acciones de la Universidad, manifiesta a la comunidad universitaria y a la opinión pública lo siguiente:

1. Este hecho constituye una clara muestra de abuso de autoridad cometido por la Fiscalía de Lavado de Activos del Ministerio Público.

2. Es falso afirmar -como lo ha hecho el Ministerio Público- que la UAP sea propiedad de la familia Ramírez, puesto que COOPALASPE es la única propietaria de la UAP desde su creación.

3. La familia Ramírez se apropió ilegalmente de un porcentaje de acciones cuando tenía el control de la gestión de la UAP. Sin embargo, estas acciones han retornado a su accionista originario, COOPALASPE, una vez que se determinó que las transferencias habían sido absolutamente nulas e ilegales.

4. La nueva gestión de la UAP, desde que asumió la administración de la universidad a fines del año 2020, no tiene ningún tipo de vínculo con el señor Joaquín Ramírez ni los miembros de su familia, ahora investigados por lavado de activos. La UAP incluso inició acciones legales contra Joaquín Ramírez y otros miembros de su familia por el cobro de deudas que tiene con la universidad, demandas que han sido admitidas ante el Poder Judicial y son de conocimiento del Ministerio Público.

5. La Fiscalía comete una arbitrariedad al incautar los bienes de propiedad de la UAP, quien resulta siendo víctima y agraviada de los delitos cometidos por la familia Ramírez. Los bienes de la UAP fueron adquiridos de forma lícita, tal como lo demuestran los documentos de Registros Públicos y son producto de los legítimos aportes de los miembros de la COOPALASPE.

6. La UAP ya denunció penalmente al fiscal Wilson Salazar Reque por prevaricato, fraude procesal y abuso de autoridad, pues interpuso medidas que restringen y vulneran nuestros derechos, sin que existan fundamentos legales para hacerlo. Lo hizo el año 2021 con una inhibición ilegal y hoy lo vuelve a hacer con una incautación igual de abusiva y alejada del ordenamiento jurídico.

7. El fiscal Wilson Salazar Reque inicia esta incautación irregular utilizando una resolución judicial caduca. El plazo para ejecutar la medida había vencido y el juez de garantías no amplió el plazo. Valiéndose de un documento expirado, nos quita la posesión de activos universitarios en los que se brinda el servicio educativo a miles de estudiantes, que resultan afectados.

8. Estos actos arbitrarios son una muestra de inseguridad jurídica que genera una total desprotección a la libertad de empresa. La inclusión del local universitario de Jesús María es un claro ejemplo. Como es de público conocimiento, este se encuentra dentro de un fideicomiso, y al ser un patrimonio autónomo se encuentra protegido de cualquier medida cautelar que afecte su posesión.

9. Cabe señalar que como accionistas únicos de la Universidad Alas Peruanas, interpondremos todas las acciones legales que se requieren en defensa del patrimonio de nuestros miles de cooperativistas y de los miembros de la comunidad universitaria de la UAP.

Exigimos que esta medida irregular, en lo que compete a los bienes de la UAP, se revierta de inmediato.


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