El alcalde de Chiclayo, Marco Gasco, está en la mira debido a la declaratoria de emergencia acordada por el concejo ante el desabastecimiento inminente del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos.
La Fiscalía Provincial Corporativa de Corrupción de Funcionarios en Lambayeque abrió investigación preliminar por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado, a raíz de la denuncia del ciudadano Humberto Heredia Morales.
La declaratoria permitió que la comuna firme un contrato con la empresa Veolia Perú SAC para el alquiler de diez compactadoras, debido a que los vehículos del municipio estaban malogrados.
La investigación comprende al alcalde, a doce regidores, Oscar Ahumada (jefe del Centro de Gestión Ambiental), Adriana Ghersi (jefa de la Unidad de Servicios y Residuos Sólidos) y Edgardo Siaden (subgerente de Logística). Además del representante de la empresa, Ralph Montoya.