Llover sobre mojado, rescate y revictimización de las víctimas de explotación sexual

Uno de los problemas que suele dejarse de lado es el de la precariedad en nuestro sistema de rescate de víctimas, más allá del paupérrimo presupuesto asignado a la lucha contra este flagelo. En los operativos contra la minería ilegal, se rescatan también a menores y adolescentes víctimas de trata obligadas a impulsar la venta de cerveza en prostibares.

En el caso de las menores de edad, estas deberían ser puestas en manos de la fiscalía. La fiscalía, a su vez, debería llamar al ministerio de la mujer y después, ser llevadas a un albergue. Mientras, el Estado debería hacer una evaluación del niño o niña para ver si se encontraba en situación de abandono antes de ser captado y, en base a eso, decidir si es posible regresar al menor de edad a su comunidad de origen o internarlo en un centro de atención residencial CAR.

Pero lo que ocurre en la práctica es distinto, según afirma el investigador Gabriel Arriarán, con frustración. “Los niños y niñas que no son llevados a los CAR son devueltos a sus familias, sin ninguna evaluación, y ahí se genera un círculo vicioso porque muchas víctimas de trata han sufrido todas las formas de violencia en el hogar. Y lo que cabe pensar es que volverán a ser expulsadas de este sitio. Los que son llevados a los CAR tampoco tienen la asistencia que necesitan, si tú ves un CAR, parece una cárcel, las condiciones son carcelarias. Al final, si eres una víctima y quieres huir de la trata, ¿cuáles son tus opciones? Que te devuelvan a tus familiares y vuelvas a ser víctima de abusos o que, para rescatarte, te metan a un lugar parecido a una cárcel. No tienes más opciones.”

Para Carmen Barrantes, investigadora social de la organización Terre de Hommes que suele internarse en La Pampa para conocer el crimen de primera mano, las posibilidades de reintegración de una víctima de trata son pocas o nulas: “Para las chicas, irse de La Pampa es regresar a sus condiciones de vida anteriores. Además, serán estigmatizadas por toda la comunidad, que usualmente es pequeña y por lo tanto todos se conocen. La gente responsabiliza a las víctimas por lo que les pasa. Cuando las víctimas son rescatadas, muchas veces lo máximo que les dan es un pasaje para que vayan a sus zonas de origen y un teléfono de alguna entidad estatal para que busquen apoyo. Pero el Estado no tiene plata para la reinserción. El discurso dice que en casos de trata la víctima es la prioridad, pero en el plan presupuestal no hay plata para ellas. Y sin presupuesto no hay derechos.”

TÚ TE LA BUSCASTE
'N' es una víctima rescatada de 16 años, proveniente de una zona de pobreza extrema que fue a caer en las garras de la explotación sexual atraída por falsas ofertas de trabajo. Cuando fue rescatada en un operativo policial, tuvo que someterse a la revictimización constante producto del prejuicio, el desprecio y la estigmatización de policías, fiscales y jueces que estuvieron a cargo de su caso. Con la voz que se le quiebra y pidiendo no ser identificada por miedo a represalias, ella se animó a revivir su violenta experiencia con la esperanza de que las cosas mejoren: “Yo soy víctima y en vez de darnos atención, nos gritaron y nos hicieron sentir culpables, diciendo que nosotras mismas nos lo buscamos. Pero lo que necesitábamos era apoyo, que alguien nos oriente para salir de muchas cosas que estábamos haciendo mal. Los policías me han gritado horrible. Me dijeron: tú te lo has buscado, tú no eres ninguna santa, a mi papá también le dijeron eso. Ellos por más que sean policías, no te pueden tratar mal porque todos merecemos respeto”.

Apoyada por Capital Humano y Social Alternativo, CHS, un organismo no gubernamental, ella ha podido identificarse a sí misma como víctima y acceder a la ayuda necesaria para seguir un proceso judicial que le permita denunciar a sus agresores. Pero antes ha tenido que pasar por todo tipo de abandonos e injusticias por parte de un sistema judicial que resulta absolutorio con el victimario y punitivo con la víctima, por machismo, por corrupción y por ignorancia. Eso le permite entender que el trato que recibió después de ser “rescatada” no era normal, como no lo era ser obligada a prostituirse para acceder a condiciones mínimas que en la constitución figuran como derechos elementales: “La justicia se enfoca en el agresor y por eso nosotras no seguimos con las audiencias. No nos creen. Y a mí sí me afecta porque yo conté mi verdad una y dos veces. La tercera ya no fui porque ya no quise recordar, ya no quise volver a pasar el momento. Mientras tanto, el agresor está pagándole a los jueces. Yo dije basta. No nos creen, inventan otra cosa. El juez no nos toma atención, está con su celular. Y eso nos molesta. Mientras que uno se está matando recordando, volviendo a vivir. Porque recordar es volver a vivir. Ir a las audiencias es algo terrible. Es horrible.”

Sobre el proceso de reinserción después del rescate, ella también siente una profunda decepción en cuanto a su estadía en los centros de atención residencial CAR, que solo se convierte en esperanza gracias a la ayuda de sicólogas financiadas por organismos internacionales. “La atención es lo más importante, pedir a las autoridades que a las víctimas las traten bien, las hagan sentir bien. No culpables. Por más que tú hayas estado de acuerdo o no, tú sí eras víctima. Te han manejado el cerebro, te has dejado llevar por personas mayores o por tus amigas”.

Un cortometraje de CHS da cuenta de la revictimización de menores rescatadas y la precariedad de nuestro sistema, pese a esfuerzos aislados:

PROTEGIDAS O REVICTIMIZADAS

Según el informe Protegidas o Revictimizadas (Carmen Barrantes, Terre de Hommes Suisse, 2016) las víctimas de trata menores de edad rescatadas de la situación de explotación se enfrentan a dos escenarios: ser retornadas a su hogar o internadas en un Centro de Atención Residencial (CAR) cuando su familia no presenta las condiciones apropiadas para acogerla y protegerla. En el Perú hay cinco de estos centros especializados para víctimas de trata y explotación sexual con una capacidad de atención máxima de cien personas. Cuatro de ellos son administrados por Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar INABIF (dos en Lima, uno en Madre de Dios, uno en Loreto) y uno por la Beneficencia Pública de Cusco.

El trato hacia las residentes está impregnado de un juicio moral que descalifica y discrimina a las víctimas de trata, lo que explica por qué se les castiga como si fuesen las responsables de su explotación, revictimizándolas y humillándolas. Alguna de las conductas y actitudes de las tutoras responden a que ven como pecado la prostitución, trasladándole a la víctima la responsabilidad de su explotación. Eso explica por qué las tutoras las estigmatizan desde una perspectiva de control moral y machista, tratándolas con desdén. En una encuesta realizada en marzo del 2016 a las 18 residentes de un CAR, la mayoría, el 72,2%, señaló que no tiene una buena relación con su tutora. El perfil del puesto de tutora solo exige haber terminado la secundaria y ofrece un salario de entre 1,200 y 1500 nuevos soles, debiendo trabajar turnos de 24 por 24 de descanso, incluyendo fin de semana y feriados.

Muchas víctimas dejan de denunciar su caso, ya que se dan cuenta de que no tendrán una atención adecuada. Son objeto de castigos como la reducción de la ración de alimentos, la eliminación o suspensión de la única actividad de recreación del mes o el impedimento de comunicarse con sus padres. Prácticas similares, aplicadas en la mayoría de los CAR del país, han sido cuestionadas por la Defensoría del Pueblo. A ellas hay que sumar que el alojamiento no cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad (espacios reducidos, fríos, sin ventilación ni áreas verdes y sin intimidad), funcionalidad y seguridad; el encierro nocturno en los dormitorios bajo llave; un trato estigmatizante que alude a la situación de prostitución; y castigos humillantes (levantar a las víctimas de explotación sexual a las cinco de la mañana y hacerlas trabajar de cara al sol). El sentimiento de encierro viene acompañado de la representación de haber delinquido, de haber hecho algo malo.

Se contraviene su derecho a contar con un ambiente adecuado para su desarrollo al no darles alojamiento adecuado, asesoría e información sobre sus derechos jurídicos, ni brindarles asistencia médica, psicológica y material oportunas, así como tampoco las debidas oportunidades de calificación laboral y empleo. Hasta ahora, lo que la ley denomina “acogida” es, para las víctimas, pasar de una prisión extramuros durante su explotación a una prisión intramuros durante su “protección”. Algunas se deprimen y acaban por fugarse para volver al lugar de explotación, porque sienten la falta de su “libertad” y de su autonomía económica. Tan vulnerables las vuelve el aislamiento y el maltrato que una adolescente fue inducida por un trabajador de 48 años a tener relaciones sexuales a cambio de usar su celular.

Para la investigadora social Carmen Barrantes, autora del informe Protegidas o Revictimizadas, el sistema de protección para víctimas menores de edad es contraproducente: “Como las víctimas no son conscientes de su condición de explotadas, pues mal que bien gozan de derechos que nunca tuvieron, como comer dos veces al día y comprarse ropa, muchas veces se resisten a ser rescatadas y se rebelan al ser alejadas de su situación ‘ideal’ de esclavización. Los ministerios de la mujer y de trabajo deben crear programas para estas adolescentes”.

SABÍA QUE...

#ExplotaciónHumana es una exposición que busca sensibilizar al público en general sobre el problema de la trata de personas en el Perú.

Se realiza en el CC de la Universidad del Pacífico (Sánchez Cerro 2121 Jesús María). El ingreso es libre y se puede ir de lunes a sábados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.