POR: FABIOLA VALLE Y NADIA QUINTEROS
Las acusaciones contra Edwin Oviedo Picchotito, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), continúan. El fiscal Juan Carrasco lo considera “cabecilla de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán”.
Carrasco, titular de Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, acusa a Oviedo del presunto delito de homicidio calificado al considerarlo autor mediato de las muertes de los dirigentes azucareros Manuel Rimarachín Cascos y de Percy Waldemar Farro Witte. El Ministerio Público ha solicitado 26 años de cárcel por cada uno de los homicidios.
El pasado jueves, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque declaró nulas las resoluciones que disponían la desacumulación que le había permitido a Carrasco presentar acusaciones por separado tanto por las muertes de Rimarachín y Farro como por los otros dos delitos que son asociación ilícita y robo agravado.
En diálogo con Perú21, Carrasco explicó que, según el Código Procesal Penal, ante la declaratoria de nulidad de un acto procesal no se podrá retrotraer la investigación. “Ningún juez puede declarar la invalidez o nulidad de una acusación. En este caso, el juez solo debe convocar a audiencia para debatir la desacumulación. Eso es todo”, aclaró.
Al respecto, el ex fiscal Avelino Guillén indicó a este diario que la investigación a Oviedo sigue en pie. “La Sala está ordenando que se repita un acto procesal. Los cargos contra Oviedo siguen vigentes”, dijo.
Sin embargo, para Carlos Isla, abogado de Oviedo, las acusaciones contra su patrocinado quedaron nulas hasta que se resuelva si el citado caso se acumula o no.
“El proceso continúa en la medida que faltaría dilucidar, si el fiscal lo solicita, si procede o no la desacumulación. El pedido del fiscal no tiene justificación legal. Si el fiscal quiere insistir, debe solicitar de nuevo sus acusaciones y tiene que resolverse en audiencia”, sostuvo en diálogo con Perú21.
La acusación fiscal, que remeció el ambiente noticioso, en especial el deportivo, se conoció, por primera vez, el 6 de abril por el caso Rimarachín.
En una segunda acusación, emitida el 17 de abril, el fiscal acusó por el mismo delito a Oviedo al imputarle la muerte del también dirigente Farro.
“BRAZO ARMADO”
Carrasco explicó que la presunta red de Oviedo contaba “con un brazo político, armado y legal” para concretar sus ilícitos con el fin de enriquecerse a través de la empresa Agroindustrial Tumán.
“Se ha detectado que (la red) destinó pagos que superan el millón de soles a abogados y policías para evitar que obstruyan su labor”, indicó.
En relación al sistema armado, el magistrado recordó que en la empresa Tumán se encontraron 38 revólveres y 16 escopetas.
De hecho, según la acusación, se indica que algunos miembros del área de recursos humanos se encargaban de contratar personal ‘extra’ de seguridad.
Además, precisa que, por lo general, eran “jóvenes de Tumán que se dedicaban a realizar labores de seguimiento, inteligencia y amedrentamiento contra los opositores de Oviedo con el fin de lograr que se mantenga en el poder para lucrar ilícitamente”.
La muerte de los entonces dirigentes, según el Ministerio Público, se suscitó porque se oponían “a la administración judicial de Oviedo y, en consecuencia, a su economía”.
Otro de los planteamientos de la Fiscalía es que con el dinero de la compañía Tumán logró tener el control del equipo de fútbol Juan Aurich de Chiclayo.
“Una vez que dejaron la administración, el equipo pasó a segunda”, añadió el fiscal.
PUGNA POR EL AZÚCAR
Según el requerimiento acusatorio presentado al juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, “los intereses económicos de Oviedo serían la compra del azúcar a un precio muy por debajo del mercado, así como también obtener grandes ganancias y apoderarse del patrimonio de la mencionada azucarera”.
El oficio precisa que Segundo Ordinola, ex administrador judicial y actual jefe de finanzas de la empresa Tumán, cumplía las órdenes de Oviedo para obtener beneficios económicos.
Y es que, según el escrito, las empresas D’Líbano y Shema, vinculadas a Oviedo, comprarían el azúcar (en ese entonces) directamente de la empresa a S/75 por cada bolsa, y ese mismo día, las vendían a S/130 obteniendo una ganancia promedio de S/50.
Carlos Caro, abogado de Oviedo, negó a Perú21 que su patrocinado encabece una presunta red criminal y que esté implicado en la muerte de los entonces dirigentes azucareros. Agregó que una resolución de la Corte Suprema del año 2016 señaló que el fiscal Carrasco no ha precisado las imputaciones en contra del presidente de la FPF para que pueda defenderse. Por su parte, Ordinola negó cualquier nexo con presuntos actos ilícitos.
SABÍA QUE...
* Perú21 pidió la versión de Edwin Oviedo, pero el área de comunicaciones del Grupo Oviedo nos respondió que por ahora no puede brindar entrevistas.
* El pasado 24 de abril, el Poder Judicial decidió que cinco presuntos integrantes de la red Los Wachiturros de Tumán salgan libres.
* El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria programó para el 21 de mayo la audiencia de control de acusación contra Oviedo.