El abogado constitucionalista, Domingo García Belaunde alertó sobre la aplicación abusiva de una norma que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y que constituye un grave problema en el sistema jurídico que está pasando desapercibido.
"La extinción de dominio se ha incorporado al ordenamiento jurídico peruano, especialmente en el ámbito penal, desde hace algunos años. Sin embargo, se aplica a situaciones que no cumplen con el propósito de esta medida. La extinción de dominio tiene un fin noble: combatir la corrupción. No obstante, la corrupción no puede combatirse de manera irregular ni violando derechos fundamentales", indicó García Belaunde.
El letrado explicó que este mecanismo exige al ciudadano demostrar la legalidad de sus bienes, cuando debería ser al revés: que el Estado pruebe su origen ilícito. En la práctica, las personas corren riesgo de perder sus bienes sin pruebas suficientes.
"En caso de que, tras un largo proceso, se determine que los bienes confiscados eran legítimos, estos se devuelven deteriorados o se indemniza a un precio injusto. Este sistema resulta abusivo e incluso inconstitucional", apuntó el experto.
Esta situación perjudica el desarrollo de actividades económicas. El letrado pone como ejemplo los casos de buses enteros de empresas de transporte que han sido incautados porque un pasajero (sin relación alguna con la compañía) llevaba en la bodega algún objeto ilegal. Incluso, en el sector pesquero, el Estado habría decomisado y sacado de circulación tres grandes embarcaciones industriales por faltas administrativas, dejando sin trabajo y sustento a miles de familias.
"Una cosa es el hecho circunstancial de capturar alguna otra especie durante la pesca de anchoveta, y otra es el tráfico ilegal de vida silvestre marina. No existe punto de comparación entre la pesca y las actividades ilegales a las que inicialmente fue dirigida esta norma", señaló César Córdova, abogado asesor del sindicato de pescadores José Olaya Balandra.
La Asociación pesquera José Olaya afirma que, hasta el momento, han dejado de pescar más de 40,000 toneladas de anchoveta, perjudicando a un sector que el año pasado sufrió una crisis muy grave. El motivo es la aplicación abusiva y desproporcionada de una ley.
"No se puede penalizar sin pruebas claras; las infracciones deben sancionarse de manera administrativa cuando corresponda. La reciente instrucción de la Corte Suprema a sus magistrados para que apliquen estas medidas con más rigor revela un abuso evidente en el Poder Judicial, que parece ignorar que estos procedimientos violan la presunción de inocencia y el derecho de propiedad", puntualizó García Belaunde.
¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.
VIDEO RECOMENDADO
