De acuerdo a las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), más de 3 millones de peruanos no cuentan con acceso al servicio de agua que proviene de la red pública, abasteciéndose por otros medios como pozo, camión-cisterna, ríos, acequias, entre otros.
Las cifras también arrojan que el 95% de la población del área urbana accede al servicio de agua para consumo humano que proviene de una red pública, sin embargo, en el área rural sólo lo hace el 73,4%. Además, sólo en 14 departamentos del Perú, más del 90% de la población cuenta con este servicio.
Entre los departamentos con menor acceso de agua por red pública, es decir, como parte de sus servicios básicos brindados por el Estado, están: Huánuco (75,6%), Ucayali (72,8%), Puno (66,9%) y Loreto (55,2%).
“La falta de agua que aún se vive en algunas regiones del país se debe a la falta de alianzas públicos – privadas gestionadas con eficacia y honestidad. El uso de los recursos hídricos está íntimamente ligado a la salud pública y la seguridad humana”, explicó Nicanor Gonzáles, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte.
Para el especialista, el cierre de la brecha de infraestructura y servicios de agua y saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos rural y urbano, debe constituir un objetivo de gobierno que convoque no solamente a las entidades públicas, sino también a la inversión privada, como ya ha sucedido en países miembros de la Alianza del Pacífico, como Chile y Colombia.
“Necesitamos una activa participación ciudadana por el uso sostenible de los recursos hídricos, tomando conciencia que no es posible seguir acumulando más pasivos ambientales como la contaminación de ríos, lagos y lagunas. Debe ser el punto de partida de una cruzada nacional por la sostenibilidad y la seguridad hídrica cuyo financiamiento podría ser de recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y fondos privados orientados a proyectos sostenibles de agua y saneamiento”, finalizó.