A fin de evitar que turistas peruanos y extranjeros atenten contra el complejo arquitectónico de Machu Picchu -como lo ocurrido hace unos días que seis visitantes realizaron destrozos en el muro inca- se instalarán más cámaras de video vigilancia en puntos estratégicos para un mejor control. Así lo informó José Bastante, jefe de este parque arqueológico
El funcionario precisó que actualmente la ciudadela inca cuenta con seis cámaras y dos en el denominado Centro Cultural. Sin embargo estas serán reforzadas por una veintena. “Las nuevas cámaras serán colocadas en lugares como la Casa del Guardián, Intipunku, entrada a Huayna Picchu e incluso en el Puente Ruinas. Queremos cubrir la mayor cantidad de espacio posible”, dijo.
Sostuvo que también se renovarán las actuales cámaras ya que estás tienen muchos años de uso. La totalidad del nuevo sistema de video vigilancia debería estar instalada y en funcionamiento para marzo próximo.
Respecto a cinco de los extranjeros que infringieron la norma vigente en Machu Picchu, no podrán ingresar al Perú al menos en 15 años, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. Ellos son Leandro Sactiva y Magdalena Abril Retamal, provenientes de Argentina; Cristiano Da Silva Ribeiro, de Brasil; Marion Lucie Martínez, de Francia; y Fabián Eduardo Vera Vergara, de Chile.
En el caso del ciudadano argentino, identificado como Nahuel Gómez, quien presuntamente ocasionó la caída de una roca del Templo del Sol, y con ello provocó una hendidura en el piso, la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu lo halló culpable del delito de destrucción de bienes prehispánicos. Este se acogió a la conclusión anticipada y fue sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel suspendida en su ejecución, por dos años, sujeto a reglas de conducta.
La fiscal provincial María Teresa Huaco Cateriano, estuvo a cargo del caso en la etapa de investigación preliminar. Mientras que en el proceso especial intervino la abogada del Ministerio de Cultura (MINCUL), María Cristina Sucso Quispe, según señala una nota en la cuenta de Twitter del Ministerio Público.
Así también se acordó una reparación civil de S/5000 conforme al informe presentado por el MINCUL, y como pena accesoria S/1195, que el día de hoy deberá terminar de pagar.
El sentenciado tendrá que reportar sus actividades mensualmente en el consulado de Salta.