No son pocos los nuevos gobernadores regionales –de los 25 que asumieron ayer sus cargos– con graves cuestionamientos. Élmer Cáceres Llica, de Arequipa, tiene denuncias por violación contra tres mujeres, entre 2004 y 2017.
La nueva autoridad ha negado las acusaciones, mientras que la Oficina de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público ha abierto investigación al fiscal Óscar Gonzales, quien archivó uno de los casos. Ayer, Cáceres juró al cargo en una ceremonia privada a la que no se permitió el ingreso de los periodistas.
En Puno asumió como gobernador Walter Aduviri, quien pudo postular gracias a que en octubre pasado la Corte Suprema ordenó que se le anule una sentencia de siete años de cárcel debido a las protestas antimineras que lideró en 2011 en su región. En esa manifestación, denominada ‘aimarazo’, se quemó el local de aduanas de Puno.
Ayer, en su discurso, propuso implementar el Consejo Regional Anticorrupción.
En el norte, el nuevo gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, dijo que solicitará al presidente Martín Vizcarra que la empresa Odebrecht termine las obras de la presa Palo Redondo, en Chavimochic, aunque el mandatario ha dicho que hubiera preferido que la compañía brasileña no haga más obras en el país. Esa autoridad es cuestionada debido a que, en 2015, la Fiscalía Anticorrupción pidió cinco años de prisión para él por –presuntamente– haber contratado de manera irregular una consultoría para la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (Sedalib), de la cual era presidente.
Por su parte, el gobernador de Piura, Servando García, manifestó que se investigarán a fondo las posibles irregularidades que puedan presentarse en el proyecto Alto Piura, luego de que la Contraloría General de la República detectara un perjuicio económico de S/77 millones en dicha obra.
DATOS:
-Juan Carlos Morillo Ulloa, el flamante gobernador regional de Áncash, tiene sentencias condenatorias por emitir cheques sin fondo y por violencia familiar en 2015.
-El nuevo gobernador de la región Amazonas, Óscar Altamirano Quispe, fue sentenciado en el año 2011 a cuatro años de prisión suspendida e impedimento para ejercer función pública por la adquisición irregular de materiales para un centro de salud, durante su anterior gestión como gobernador regional.