Cuando el crimen es ejecutado por un joven que no ha cumplido los 18 años

En la década de los 90, un nombre se hizo famoso: Juan Aguilar Chacón, alias ‘Negro Canebo’. Se trataba de un avezado delincuente que a los 17 años ya era temido, entre otras cosas, por haber empuñado un arma de fuego para asesinar a un policía. Protagonizó las más espectaculares fugas del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como ‘Maranguita’. Era incontrolable.

Veinte años después, otro adolescente cobró relevancia. Se hacía llamar ‘Gringasho’. La vida criminal de este delincuente juvenil, llamado Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, se inició, según la Policía, a los 12 años. A esa edad, ya realizaba crímenes por encargo de su tío Roberto Gutiérrez Guzmán, alias ‘El Soli’, cabecilla de la organización criminal Los Malditos de Río Seco, que operaba en el norte. En 2012, se le impuso una pena de internamiento de seis años.

De ese tiempo a esta parte, los casos de menores usados en delitos tan violentos, como el sicariato, se han incrementado. El 10 de septiembre de este año, un menor de 17 años, que estaba en el área de juego de niños del centro comercial Minka del Callao, disparó a matar contra otro adolescente, de 16 años, quien resultó herido. El 26 de agosto, en tanto, A.A.M.R., de 17 años, fue baleado en la losa deportiva del parque Taboadita, en Bellavista. La víctima fue vinculada por la PNP a una tentativa de homicidio.

En Sullana, un menor de 15 años es señalado como parte del brazo armado de la organización criminal Los Bolongos. Ejemplos de este tipo, en el país sobran. Y es esta situación —y otras que vinculan a adolescentes y niños con delitos graves como robo agravado y violación— lo que ha llevado en más de una oportunidad a diversas autoridades a preguntarse si se debe aplicar drásticas sanciones a los menores como si se tratara de adultos.

SOLO SIETE INTERNOS

De acuerdo con el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta agosto de este año había 1,861 adolescentes en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación de todo el país. La infracción más cometida por ellos es robo agravado (885), seguida de violación sexual a menor de edad (288), violación sexual (130) y homicidio calificado (108). Solo siete se encuentran internados por sicariato. Estas cifras, de lejos, no reflejan la realidad que se vive —y que se informa— a diario.

En Perú, cuando un menor comete un acto ilícito, por más grave que este sea, se le considera como infractor a la ley penal. A ellos se les aplica el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Decreto Legislativo N.° 1348), que establece como sanción máxima “la medida socioeducativa de internación” de seis años. Excepcionalmente, determina internamiento de ocho a diez años para casos de sicariato, violación sexual a menor seguida de muerte cuando el infractor tiene entre 16 y menos de 18 años. Pera esta última parte, a todas luces, rara vez —por no decir nunca— se cumple.

¿QUÉ PASA CUANDO EL SICARIO ES ADOLESCENTE?

En los últimos años, la delincuencia juvenil se ha incrementado. Y ahora tenemos que los adolescentes son empleados por organizaciones criminales como sicarios. También para extorsionar, robar o cometer toda clase de delitos graves. “Lo hacen porque saben que los menores son inimputables y no les va a pasar nada. Yo opino que sí se les castigue, que se les aplique lo que dispone el Código Penal a partir de los 16 años”, manifestó a Perú21 la abogada Carmela de Orbegoso Russell, doctora en Derecho y autora del libro Responsabilidad Penal de los Adolescentes en el Sistema Jurídico Penal Peruano.

La letrada señaló que es necesario que el Derecho se renueve y que responda a la realidad del momento. En tal sentido, sostuvo que nuestra legislación tiene un atraso de 40 años. “Hay que adecuarlo a nuestra realidad. Y nuestra realidad dice que cada vez hay más actos delincuenciales cometidos por jóvenes y que a estos no les pasa nada. Así lo confirman los récords policiales y las investigaciones, que confirman que hay más delincuencia juvenil”, recalcó.

De Orbegoso va más allá, pues plantea que, en Perú, la mayoría de edad se alcance a los 16 años. “En el Código Civil, a partir de los 16 años, la persona, el adolescente, puede trabajar, puede casarse. Así como tiene el Código Civil que los favorece, así tendría que responder por sus delitos penales de acuerdo al Código Penal, para que haya un poco más de respeto, porque la sociedad está aterrorizada”, afirmó.

Indicó que esta medida también serviría como una advertencia. “La ley educa, la ley reprime. Si usted sabe que algo le va a pasar, que lo van a castigar, no lo hace. Pero si sabe que no le va a pasar nada, abusa. A partir de los 16 años, ya no se es niño. Ya saben lo que es mentir, lo que es matar, lo que es violar. Uno de los fundamentos por los que un adolescente infractor debe ser considerado como imputable es la protección social, es decir la tutela de bienes jurídicos de la colectividad y la preservación de la tranquilidad pública, la paz social, la vida, la vida”, expresó.

Sobre el tema, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, sostuvo que “si un adolescente tiene la capacidad de sujetar un arma y emplearla contra la vida de una persona, por un monto de dinero, tiene, también, la capacidad de afrontar un juicio penal como corresponde a cualquier adulto”. Por eso, en 2021 presentó un proyecto de ley para reducir la edad de inimputabilidad a los 16 años. Esa iniciativa legislativa aún no es discutida, ni siquiera a nivel de comisión.

“Es necesario que se haga una reforma penal a efectos de poder sancionar, como corresponde, a aquellos adolescentes mayores de 16 años que, con toda la plena voluntad, cometan delitos graves. ¿Qué sucede hoy en día? Los menores de 16 años son inimputables, de tal manera que cuando cometen delitos como robo agravado, sicariato o violación sexual, son tratados solamente como infractores de la ley penal. Reciben un internamiento”, expresó.

Refirió que este endurecimiento del castigo debe ir de la mano con una reforma del sistema penitenciario, que permita que los menores tengan un régimen especial una vez que cumplan los 18 años. “Tendrían que ser trasladados a un penal normal, pero bajo un régimen especial, para que no se confundan con prontuariados delincuentes. Porque el objetivo es que se resocialicen; no se quiere que salgan más adiestrados en el delito”, aseveró.

PROBLEMA SOCIAL

Una visión distinta tiene Leonardo Caparrós, exviceministro de Justicia y expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Si bien reconoce que el tema es sumamente complicado, consideró que este asunto no es un problema penal o de sanción penal. Es, más bien, un problema social. “La solución de bajar la imputabilidad a 16 años o a 14 aplicada, por ejemplo, en Colombia devino en que se presenten casos de sicarios de 12 años”, declaró a Perú21.

Acotó que hay muchos argumentos para los dos lados. “Un chico de 14 ya sabe lo que hace. Sí, es verdad. Hay otros lugares donde un sicario (adolescente) ya ha matado tres o cuatro personas. ¿Merece ser tratado como un niño? Son argumentos razonables. Uno no lo puede negar. Pero creo que hay que dar un paso atrás y preguntarnos en realidad, cuál es la raíz del problema y qué estamos haciendo para evitar que estos jóvenes terminen en esos entornos”, argumentó.

Enfatizó que aplicar una sanción penal a un adolescente termina fortaleciendo una situación de marginación. “Si a un chico de 14 años, a un sicario, por ejemplo, lo trato como adulto y le impongo una sanción de 20 años. ¿Ese chico qué será a los 30? Otra vez va a ser un sicario, porque va a cargar el resentimiento y la dureza que implica estar en prisión y, más aún, en una prisión en Perú”, indicó.

Reconoció que el escenario es crítico, pues si se dice que se está incrementado la cantidad de jóvenes que a esa edad están inmersos en crímenes violentos, “quiere decir que hay una fábrica, un lugar, hay entornos donde se están produciendo. Entonces cualquier herramienta de tipo penal que implementemos lo único que va a hacer es hacer que todo eso que se produzca, vaya a un penal, pero no va a frenar la producción”. Precisó que la pena no va a ser disuasiva.

Otro problema que se crearía es el costo que generaría meter a una gran cantidad de menores a las cárceles. “¿Por qué esperamos mantener en un penal a un joven para darle educación, tratamiento, asistencia social, psicólogo y comida, pero en un entorno violento? ¿Por qué no podríamos, más bien, apostar por darle a estos jóvenes ese mismo entorno de comida, asistencia social, trabajo y educación, pero en un entorno no violento?”, se preguntó.

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Dijo que esta tarea se podría comenzar con los cerca de dos mil jóvenes infractores que se encuentran en los centros de diagnóstico y rehabilitación, para que estos se conviertan realmente en lugares de resocialización. “Tiene que haber un rescate”, puntualizó. Consideró que, si un plan de rescate no incluye realmente un programa integral que aleje a esa persona del entorno, “no vamos a lograr nada”.

RESULTADOS POSITIVOS

Para Regina Aguirre, educadora especialista de Cedro, quien ha trabajado con jóvenes infractores a través de un programa de reinserción laboral que ejecuta dicha institución, el problema no se va a solucionar si se penaliza a los menores de 16 años en adelante como si se tratara de adultos, pues se trata de jóvenes que están en plena formación. Para la especialista, se debe trabajar en prevención.

“Hay que hacer un trabajo anticipado, hay que trabajar en la prevención de conductas de riesgo desde edades tempranas. Y eso se empieza en la escuela. En las escuelas, dentro de la hora de tutoría, se trabajan las habilidades para la vida, se trabajan las conductas de riesgo. Obviamente, hay muchas deficiencias, hay muchas cosas que mejorar desde el Estado”, señaló.

Comentó que en Cedro han tenido casos de éxito con menores que han estado involucrados en delitos graves —”algunos muy fuertes”—, los que son derivados del centro de diagnóstico y rehabilitación luego de cumplir su tercer año de internamiento y tras un intenso trabajo multidisciplinario. “La experiencia que nosotros tenemos con esta población es que son chicos que sí salen adelante. Incluso, a veces, los que más responden son este grupo de chicos, más que los chicos que han estado inmersos en delitos menores”, contó.

Aguirre cree, categóricamente, que, si no se les da una oportunidad a estos adolescentes, se les está exponiendo a que vuelvan a recaer. “Ellos puedan volver a reincidir. Vemos casos de chicos muy exitosos. Al final, salen adelante, tienen una familiar, estudian, trabajan. La infracción fue una situación particular en su vida”, apuntó. La característica común de estos chicos es que proceden de hogares disfuncionales, de entornos difíciles, y de situaciones críticas.

¿POR QUÉ LOS ADOLESCENTES COMETEN DELITOS?

“Hay que evaluar cada caso”

¿Por qué algunos jóvenes cometen actos más crueles que otros, como es el caso del sicariato?

“Depende mucho de las características personales y particulares del individuo, así como de su medio familiar o social. Si es un entorno donde prima la violencia, donde esos adolescentes o niños presencian situaciones de violencia o de mucha agresividad, pueden incorporar esto, establecer un patrón de conducta”, afirmó a Perú21 el médico psiquiatra Horacio Vargas Murga, especialista en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.

El experto sostuvo que “algunos adolescentes” que empuñan un arma para matar o que cometen delitos graves “sí son conscientes” de sus actos. “Él sabe que está matando a otra persona, de que esto está en contra de la ley. Pero si ha crecido en un medio donde esto prima, si le han enseñado que esto es lo que debe hacer para ganarse cada día y ve que otros adultos lo hacen, crece viendo esto como algo natural, como algo cotidiano”, expresó.

Sobre la posibilidad de sancionar a menores de edad que hayan cometido delitos graves, como si se tratara de adultos, indicó que tiene que haber cierto grado de flexibilidad. “Hay que evaluar cada caso y ver las posibilidades de recuperación, pero definitivamente no pueden ser tratados exactamente igual que a un adulto”, manifestó.

RONDÓ LA TRAGEDIA. La noche del domingo 10 de septiembre se produjo una balacera en el centro comercial Minka. O.R.B. (de 17 años) según la Fiscalía, disparó y dejó herido a H.J.E.B. (de 16 años). A estos adolescentes no les importó la presencia de niños y personas mayores. La Tercera Fiscalía Provincial de Familia del Callao obtuvo cuatro meses de internamiento preventivo para ambos. Fueron trasladados al Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita).}

QUIEN MAL EMPIEZA… Juan Aguilar Chacón, alias ‘Negro Canebo’, fue un delincuente juvenil que sembró el miedo en San Miguel y el Callao. Asesinó a un policía a los 17 años. Fue enviado al centro de rehabilitación de Lima (Maranguita). En septiembre de 1995 fugó del citado centro luego de tomar como rehén a su tutor. Al cumplir la mayoría de edad fue enviado al penal de Lurigancho. Tuvo otros tres ingresos a ese centro penitenciario. Hoy sigue detenido en Piedras Gordas. ¿Se regeneró?