El aparato de salud tiene graves problemas que afectan la atención de los pacientes que no pueden acceder a seguros privados. (FOTO: VIOLETA AYASTA / GEC)
El aparato de salud tiene graves problemas que afectan la atención de los pacientes que no pueden acceder a seguros privados. (FOTO: VIOLETA AYASTA / GEC)

Al inicio de la pandemia del hubo un desabastecimiento de fármacos e insumos médicos en todo el país, el Estado no tuvo la capacidad para proteger a todos los afiliados a un seguro de salud público (SIS o Essalud), que son el 90% de la población.

Ese grupo tuvo que buscar los medicamentos requeridos para la atención del COVID-19 en las farmacias privadas; en consecuencia, la demanda de fármacos como ivermectina, azitromicina y dexametasona en su versión genérica (la más económica) se quintuplicó, según informó a Perú21 la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab).

Esta sobredemanda también generó un problema de desabastecimiento en el sector privado. Para asegurar los insumos, varias farmacias tuvieron que importar los fármacos y mascarillas de laboratorios internacionales. Todos estos hechos influyeron en el alza de precios.

Hay varios factores para el establecimiento de precios, pero el principal es el costo al cual el laboratorio les vende a las farmacias. Sobre eso hay que sumar los costos logísticos. El mercado peruano es muy competitivo, con más de 14,400 boticas entre cadenas (20%) e independientes (80%), aproximadamente”, aseguró Anacab.

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PROCESOS LENTOS

Además del desabastecimiento de las farmacias estatales, otro problema grave para el sistema de salud público es el tiempo que tardan sus procesos. Hay nuevos tratamientos que se han descubierto, por ejemplo, para el cáncer que se están aplicando en diversos países del mundo, pero que el Estado peruano puede tardar hasta diez años en autorizar.

Una molécula viva para el tratamiento de una enfermedad compleja, aprobada por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, demora en ser aprobada en nuestro país casi una década”, precisó Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe).

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Para Flores, es necesario reforzar instituciones como la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y agilizar los procesos a través de los cuales se otorgan registros sanitarios para que un fármaco pueda comercializarse. Esto sin disminuir la exigencia que garantice que un insumo médico es seguro y eficaz. “En los últimos años, se han duplicado y triplicado los procesos burocráticos para la autorización de registros sanitarios. Ese es un gran cuello de botella”, detalló.

Por otro lado, la representante de Alafarpe consideró que la crisis por el coronavirus obliga al aparato estatal a promover la investigación científica para que se descubran y produzcan nuevos tratamientos. “El sistema de salud del país está colapsado y necesita una reforma con la participación de todos”, concluyó.

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