A la Contraloría no le salió bien meter en un mismo saco a las clínicas privadas por el supuesto cobro de las pruebas moleculares enviadas al (INS). Por ello, estos centros médicos emplazaron a las autoridades a precisar cuáles son las infractoras y cuáles no.

A través de sendos comunicados, aclararon el informe emitido por el ente contralor y rechazaron que hayan realizado cobros elevados por dichas pruebas. Precisaron que solo cobraron por los implementos de seguridad que requiere el equipo tecnológico que toma la muestra y el medio que se utiliza para su transporte.

Criticaron que se haya hecho público el informe de la Contraloría que, según precisaron, carece de competencia para auditarlas. Recordaron que el único ente fiscalizador de las clínicas es Susalud.

La Clínica Anglo Americana deploró que incluso uno de los funcionarios de la Contraloría imputara responsabilidades sin contar con un informe previo para pronunciarse. Cuestionó que esta inusual situación motivara un pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra cuando las investigaciones aún se encuentran en curso, y lamenta haber sido incluida en “un desinformado, incompleto, negligente y hasta aparentemente mal intencionado informe” destinado a “exponer públicamente una investigación tendenciosa destinada a un manejo mediático”. Por ello, emplazó a la Contraloría a “levantar las infundadas acusaciones”.

La Clínica Ricardo Palma manifestó encontrarse “sorprendidos e indignados por el ataque que en plena pandemia se realiza desde algunos sectores a instituciones de salud privadas”.

También emitieron comunicados aclaratorios la Clínica San Felipe, el Grupo San Pablo (clínicas San Pablo, Jesús del Norte, San Gabriel, San Juan Bautista y Santa Martha del Sur), Sanna (San Borja), Clínica Internacional, la Clínica Javier Prado, Clínica Tezza y la Clínica Vesalio.

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