Más de 1,700 funcionarios fueron suspendidos o inhabilitados para trabajar en el Estado

Más de 1,700 funcionarios y servidores públicos fueron suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública, al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional (sanciones vigentes al 31 de diciembre del 2018), informó la Contraloría General de la República.

Los cinco departamentos que concentraron el mayor número de sancionados por la Contraloría son Lima (360), Cusco (136), Cajamarca (124), Lambayeque (109) y Puno (93). Mientras que los departamentos con menor número de sancionados fueron: Callao (7), Moquegua (9), Madre de Dios (11), Ica (11) y Áncash (22).

Dichos funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos (de 30 a 360 días) o inhabilitados temporalmente para ejercer función pública (de 1 a 5 años).

La Contraloría dio a conocer que las infracciones administrativas más frecuentes son:

• Actuar parcialmente  en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.

• Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.

• Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.

Al 31 de diciembre del 2018, se han registrado 1,949 sanciones administrativas vigentes a funcionarios y servidores públicos, las cuales comprenden a 1,728 personas.

De las sanciones administrativas vigentes, el 96.9% corresponde a inhabilitación para ejercer la función pública mientras que el 3.1% corresponde a suspensión temporal.

La Contraloría General ya ha oficiado a los titulares de las entidades públicas del país para que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado contra los funcionarios.