El Octavo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad sentenció a cuatro años de prisión suspendida a Daniel Marcelo, alcalde de Trujillo, por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
Al burgomaestre, además, se le inhabilitó para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la defensa del apeló la condena, por lo que será resuelta en segunda instancia.
Víctor Bazán, titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sustentó, durante el juicio oral, su hipótesis de que la autoridad, de las filas de Alianza para el Progreso (APP), habría direccionado, durante su mandato en la comuna de La Esperanza, la compra de accesorios para poner en operatividad 28 bloqueadores de celulares que iban a instalarse en el penal El Milagro de Trujillo.
Los dispositivos, valorizados en S/92,820, se compraron a la empresa que había donado días antes los bloqueadores, que luego se comprobó que no servían.
SIEMPRE LO NEGÓ
Perú21 intentó comunicarse con Daniel Marcelo, pero no contestó las llamadas telefónicas. El área de Imagen de la comuna, en tanto, informó que este miércoles el burgomaestre ofrecerá una conferencia de prensa para mostrar su rechazo a la sentencia.
En su momento, la autoridad edilicia señaló que él dispuso que se cancele la compra al percatarse que “había sido sorprendido” por el empresario. “Hemos presentado todas las pruebas de que no se hizo la compra de los accesorios. No se pagó ni un sol”, sostuvo.
La misma pena recibió el gerente general de la comuna de Trujillo, Edilberto Navarro. A él se le acusa de haber realizado los trámites para la instalación de bloqueadores, pese a que no se había firmado el convenio para adquirir los accesorios.
DATOS
-El caso se remonta al 2012, año en el que la comuna de La Esperanza firmó un convenio con el INPE y una empresa que ofreció regalar bloqueadores para el penal.
-Esa misma compañía ganó la licitación para equipar el bloqueo de señal celular, por lo que el caso fue denunciado por los regidores de esa gestión ante la fiscalía.