Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: La pujante industria azucarera y su amarga destrucción

La industria azucarera es una actividad de larga historia en nuestro país, pues se remonta a tiempos virreinales. Actualmente, aporta el 3.6% de nuestro Producto Bruto Interno (PBI) dentro del sector agrícola, generando unos quinientos mil puestos de trabajo entre directos e indirectos. Se trata de una actividad que se desarrolla básicamente en la costa debido al clima, pero también se da en la sierra y selva.

Hoy el Perú cuenta con más de 160 mil hectáreas de cultivo de caña de azúcar, ubicadas principalmente en Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima y Arequipa. La actividad es desarrollada principalmente por los llamados ingenios azucareros. Casi una decena de estos concentra el 65% de la producción a nivel nacional, mientras que el 35% restante pertenece a productores pequeños.

La caña también es sembrada en algunas zonas de la selva y en algunos valles interandinos -como Amazonas, San Martín y Cajamarca-, pero estos cultivos tienen un uso más bien artesanal, como la elaboración de chancaca y aguardiente. La denominación “ingenio” proviene del municipio de Ingenio, situado en la Islas Canarias (España), donde se desarrollaba esta actividad que llegó junto a los españoles en el siglo XVI. Algunos de los ingenios que destacan en el sector son Caña Brava, Laredo, Paramonga, Pomalca, así como los de Coazucar (Casa Grande, Agrolmos, San Jacinto, Cartavio) y Agroaurora.

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La situación de la industria azucarera ha sido un ejemplo de pujanza, inversión y crecimiento en los últimos treinta años, pero todo este avance también significó un proceso de recuperación de los rezagos de una gran pérdida de modernidad y competitividad por el impacto negativo de la reforma agraria hecha por la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado.

Permanentes desafíos

Iniciado el siglo XX, la industria del azúcar mostraba un comportamiento expansivo luego de atravesar una recuperación tras la destrucción que dejó la Guerra del Pacífico en las haciendas azucareras entre 1879 y 1884. La industria azucarera ya había logrado ser lo suficientemente atractiva como para que algunos de los políticos más destacados de la época fueran empresarios que habían incursionado en la actividad azucarera, tales como José Larco, Augusto B. Leguía y la familia Gildemeister. Así, los cultivos de azúcar se incrementaron de 48,000 a 77,000 hectáreas (ha) entre 1919 y 1929.

Los capitales generados por los buenos precios de las materias primas durante la Primera Guerra Mundial fueron invertidos principalmente en la compra de tierras y en la mejora de los ingenios. Según cuenta el historiador Jorge Basadre, el dinero ahorrado por los azucareros fue destinado a la importación de maquinarias con tecnología de última generación, lo cual contribuyó significativamente a incrementar la productividad de esta industria. Así, durante los años 30 el azúcar se convirtió en uno de los principales productos de exportación, aportando a la recuperación económica de un Perú afligido por la Gran Depresión mundial. El azúcar constituyó -junto con el algodón y la lana- una venta externa de mucha importancia.

Como referencia, la minería en su totalidad aportaba el 50% de los ingresos por exportaciones del país en ese lapso, mientras que el algodón y el azúcar aportaban el 29%. Desde 1945, la participación de estos dos productos se incrementó al 53% de los ingresos por exportaciones. Esta bonanza atrajo el ingreso de más empresarios peruanos a la industria azucarera, que aprovecharon, además, que durante la Segunda Guerra Mundial se retrajo la competencia de la inversión extranjera.

Esta tendencia no continuó por mucho tiempo más, pues la migración del campo a la ciudad ocasionó que muchas familias que se dedicaban a la agricultura dejaran esta actividad. Así, bajó la oferta de alimentos mientras la demanda urbana -aumentada por la migración y el crecimiento demográfico- por estos crecía. Las políticas de estímulo a la sustitución de importaciones manufacturadas de Manuel Prado Ugarteche y de Fernando Belaunde Terry también intensificaron la importación de alimentos.

De esta forma, el aporte a la economía del sector agropecuario -que englobaba a la industria azucarera- se redujo sustancialmente. Mientras en el Perú de 1956 se gastaban U$39 en importación de alimentos por cada US$100 que ingresaban al país por las exportaciones, para 1967 las importaciones ya superaban a los envíos. Así, la industria azucarera quedó como uno de los pocos sectores agroexportadores modernos en el país.

La reforma agraria y el ocaso

En ese contexto fue que el dictador Juan Velasco Alvarado anunció la reforma agraria en 1969, que básicamente consistió en una expropiación masiva de tierras a lo largo del país. Esta medida no tenía mayor sentido en la moderna industria azucarera, pues esta, a diferencia del feudaloide y atrasado latifundio serrano, operaba bajo condiciones productivas y laborales capitalistas modernas, que en 1968 significaban 28 mil empleos formales, 500 mil toneladas de producción y el 33% del área irrigada de la costa (250 mil hectáreas), junto al algodón.

Muy probablemente, pesaron más las intenciones políticas de la dictadura en esta absurda expropiación azucarera. Por un lado, los trabajadores azucareros eran la más importante base electoral y sindical del APRA. De otro, los propietarios azucareros norteños eran conocidos como los “Barones del azúcar” por su peso político y económico propio, siendo el ingenioso senador odriísta Julio de la Piedra su principal vocero.

Después de la expropiación, las haciendas azucareras fueron sometidas al experimento social de transformarlas en cooperativas de trabajadores, con cierta débil supervisión estatal, a través los primeros años tras esta cooperativización forzada algunos ingenios mantuvieron sus niveles de productividad, pronto la falta de gerencia y de know how; el desconocimiento de los mercados internacionales; el desplome de la inversión en innovación, tecnología y mantenimiento; la politización y la corrupción mafiosa dirigencial, el aumento del gasto, el endeudamiento y el parasitismo de los trabajadores cooperativistas (que contrataban centenares de peones externos, apodados golondrinos, para hacer sus labores) trajeron el ocaso de la industria. Para 1980, el Perú se había convertido en un importador de azúcar.

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Esta situación se prolongó más de una década, en la que incidieron otros factores como la inestabilidad política y social del país, el terrorismo y la hiperinflación del primer gobierno de Alan García. Recién en 1996, bajo el gobierno fujimorista, una radical reforma del sector azucarero (DL 802) alentó el ingreso de capitales privados en las cooperativas, regresando exitosamente la propiedad privada a las mismas.

Solo desde 1996 a 2001, la producción de caña de azúcar aumentó en 20%, al pasar de 6.1 millones de toneladas a casi 7.4 millones. Hoy se producen más de diez millones de toneladas de caña de azúcar y unos diez ingenios generan medio millón de empleos directos e indirectos en el Perú.

¿Cuáles fueron las empresas más afectadas?

La dictadura militar velasquista ocupó aparatosamente las grandes haciendas azucareras, apenas al día siguiente de darse la ley de reforma. Eso demostró que la motivación era más política que social y económica. Se formaron empresas de conformación mixta, como la Cooperativa Agraria Azucarera Paramonga Ltda. N.º 37, creada en 1969 a partir de la expropiación del complejo agroindustrial químico-papelero que era propiedad de la firma estadounidense W. R. Grace & Co., de muchos años de actividades diversas en nuestro país (incluso llegó a operar la aerolínea PANAGRA). Allí se producía papel y cartón, además del azúcar y sus derivados.

El 3 de marzo de 1970 se declaró la afectación de la Sociedad Agrícola Pucalá Ltda. S.A. de Chiclayo (propiedad del Grupo Ýzaga) y se convirtió en Cooperativa Agraria de Producción Pucalá Limitada Nº 36 (CAP. Pucalá Ltda. Nº 36). Se constituyó el Comité Especial de Administración del Complejo Agroindustrial Pucalá S.A que creó una frondosa burocracia administrativa: Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y comités especializados de Campo, Fábrica, Administración y Servicios.

Así también se confiscó la hacienda liberteña de Cartavio (también propiedad de W. R. Grace & Co) el 28 de setiembre de 1970. Se inscribió como Cooperativa Agraria de Producción Cartavio Ltda Nº 39. Ocho años después de esta estatización, en 1978, se constituyó Sociedad Paramonga Ltda., fusionando Cartavio S.A., Compañía Papelera Trujillo S.A. y Envases San Martín S.A., empresas que pertenecieron a W.R. Grace & Co.

Otras haciendas expropiadas fueron Pomalca (Grupo De la Piedra), en Lambayeque. El emporio empresarial vio su fin al ser trastocado por la Ley de Reforma Agraria el 24 de junio de 1969, convirtiendo a Pomalca primero en Complejo Agroindustrial Pomalca y luego, en 1970, en Cooperativa Agraria de Producción Pomalca Ltda.Nº 38.

Casa Grande, en Ascope, La Libertad, fue propiedad de la familia Gildemeister. Fue uno de los principales ingenios azucareros del Perú y el mundo a mitad del siglo XX. Sin embargo, con la dictadura militar se incorporó al sistema de cooperativas. Actualmente es la Empresa Agroindustrial Casa Grande.

Otra hacienda importante es Tumán, adquirida por Manuel Pardo y Lavalle y Mariana Barreda de Pardo, en 1873. En el siglo XX la hacienda perteneció a los hijos del matrimonio, pero al llegar la reforma agraria fue expropiada. Pasó a ser la Cooperativa Agraria de Producción Tumán. Ya en los noventa se transformó en Empresa Agroindustrial Tumán.

La hacienda Cayaltí, del grupo familiar del mismo nombre, también destacó por ser una de las grandes haciendas azucareras. En 1970 fue convertida en Cooperativa de Producción Cayaltí. Desde la privatización de los noventa es Empresa Agroindustrial Cayaltí. A esta se suma la Hacienda Chiclín, ubicada en Chicama, La Libertad. Perteneció a la familia Larco Herrera y durante el gobierno militar pasó a ser parte de Cooperativa Azucarera Cartavio. Finalmente, en 1996 se transformó en Complejo Agroindustrial Chiclín S.A. Otro caso fue el de la Hacienda Villa, en Chorrillos que perteneció a Hernando de Lavalle. Expropiada durante el gobierno militar, con el tiempo se convirtió en un destino turístico.

Muy diferente fue el destino de otras. Andahuasi, ubicada en Sayán, provincia limeña de Huaura, fue propiedad de la familia Diez Canseco, pero luego fue convertida en cooperativa en la dictadura de Velasco y luego transformada en empresa en los 90. Churacapi y Pampa Blanca estaban en Arequipa, en el Valle del Tambo. La primera perteneció a los López de Romaña y la segunda a la familia Lira. Sin embargo, tras ser expropiadas por Velasco se convirtieron en la Cooperativa Agraria Azucarera Chucarapi-Pampa Blanca, la cual, décadas después, durante el gobierno de Fujimori, se transformó en la sociedad anónima Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca.

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Cabe señalar que, a pesar de los anuncios del general Velasco, solamente se cumplió con indemnizar a W. R. Grace & Co por la expropiación. Jamás se le pagó un solo centavo a los grupos azucareros peruanos por sus haciendas confiscadas.

De las haciendas del azúcar a la política

Fueron manejadas por congregaciones, luego se vendieron a empresarios que, con el auge del guano, las volvieron importantes productoras.

El origen de las haciendas en el Perú se remonta al siglo XVII con las estancias. Grandes extensiones de tierras de hasta 3,000 hectáreas fueron otorgadas por las autoridades del virreinato a congregaciones religiosas como los jesuitas, quienes poseían latifundios con esclavos africanos. Los franciscanos y agustinos tenían menos tierras, pero eran propietarios de valles (Jequetepeque estaba en manos de la misión agustina).

Comenzaron a llamarse haciendas en el siglo XVIII, cuando las tierras dejaron de estar a cargo de los religiosos, por arrendamiento y luego por venta. Otra modalidad de propiedad fue que por la participación en la guerra de la independencia se les otorgó tierras a los militares.

Las haciendas del siglo pasado surgieron gracias al boom guanero que duró hasta 1874 y trajo consigo una riqueza nunca vista antes en el país. Solo fue comparable con la plata de Potosí o el mercurio de Huancavelica. Una gran acumulación de dinero trajo una inusual circulación monetaria. Surgieron los bancos y comenzó a aparecer la industria. La riqueza se trasladó al campo y los beneficiarios del guano se convirtieron en hacendados que compraron tierras por el auge de las exportaciones. Se producía lana en el sur y algodón y azúcar en el norte que se exportaban a EE.UU., Europa y Chile.

Las grandes haciendas del Perú fueron igual de importantes que las familias que las manejaban. Los hacendados se convirtieron en los influyentes barones del azúcar, como se les conoció.

La familia Pardo era la dueña de la hacienda Tumán, en Chiclayo. Manuel Pardo y Lavalle compró la hacienda a la familia Buenaño en 1872, a 404,000 pesos. No era la más extensa, pero sí era un modelo de modernidad. Pardo y Lavalle llegó a ser presidente del Perú y José Pardo Barreda siguió el camino del padre en dos ocasiones. La familia De la Piedra, por otra parte, tenía la hacienda Pomalca. Enrique de la Piedra, asociado con su hermano Julio y otros familiares, adquirió la hacienda de Chiclayo, en 1920. Enrique fue senador y ministro leguiísta, mientras que su hermano Julio fue senador odriísta.

La hacienda Cayaltí, también en Chiclayo, pertenecía a la familia Aspíllaga. Gozó de abundante producción de algodón durante la guerra de la secesión en Estados Unidos. Pasada esta guerra, optaron por la caña de azúcar. El patriarca Ántero Aspíllaga Barreda fue senador, diputado y ministro, además de dos veces candidato presidencial por el Partido Civilista, perdiendo los comicios por muy poco con Guillermo Billinghurst en 1912 y Augusto B. Leguía en 1919.

De otro lado, Andrés y Rafael Larco Bruno habían llegado de Italia alrededor de 1850. Luego de desempeñarse en actividades comerciales en Lima, a fines de la década de 1860 se fueron a Trujillo y compraron la hacienda San Ildefonso. Notaron que el negocio del algodón no ofrecía las oportunidades económicas que proporcionaba la industria azucarera. Rafael Larco tomó la administración de Chiquitoy, mientras que Andrés Larco rebautizó las haciendas Tulape y Cepeda, como Roma. Chiclín también fue una importante unidad de producción azucarera. La familia Larco se ha destacado por sus investigaciones arqueológicas y el museo que lleva su nombre.

Otro caso fue el del alemán Johannes (Juan) Gildemeister, que adquirió la hacienda Casa Grande. Posteriormente compró otras haciendas como Sausal, Jaquez, Lache, Viscaíno, Gasñape y Molino. Con este emporio fundó la Sociedad Agrícola Casa Grande Limitada que se convirtió en uno de los primeros ingenios azucareros del mundo. A su muerte, su primo Enrique Gildemeister tomó la administración de sus haciendas y puso en marcha un ambicioso proceso de concentración de tierras con la compra de las haciendas Roma y Laredo de la familia Larco.

La creación de la Agraria

Un hito importante es que todas las haciendas contribuyeron a la creación de la Escuela Nacional de Agricultura, que luego se convertiría en la Universidad Agraria La Molina. Los hacendados buscaban mejorar la calidad de sus métodos productivos, por lo que trajeron al belga Georges Vanderghen, quien planteó la creación de la casa de estudios para poder educar a los peruanos en ingeniería agrónoma, la misma que llegó a dirigir por 17 años.

También aportaron con la creación de las revistas “La Vida Agrícola” y “Agricultura”, en las que presentaban los avances técnicos en esta actividad.

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