Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: La pandemia que paralizó el planeta: la crisis del COVID-19

El confinamiento en el Perú comenzó a regir a partir del 16 de marzo de 2020, el control era rígido y contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La población inicialmente saludaba esas medidas. La aprobación del presidente era del 87%; el 95% aprobaba la cuarentena y el 96% respaldaba la inmovilización social obligatoria, según una encuesta de Ipsos. En esos momentos se conocía muy poco acerca de esta temible enfermedad.

Las restricciones comenzaron a flexibilizarse recién entre mayo y junio de ese año, con la publicación de protocolos sanitarios para la operación de algunos negocios, como las ventas al público y por delivery de restaurantes. Unas semanas después, comenzarían a recibir público en sus salones.

No obstante, la paralización de otras actividades como el turismo, el transporte aéreo y terrestre interprovincial, y de la industria del entretenimiento, como cines, espectáculos, parques de diversiones, bares, discotecas, entre otros, causó un fuerte golpe en el consumo, el desempeño de la economía y el empleo.

La caída del PBI fue dramática: 30.2% entre abril y junio de ese año, respecto al mismo periodo de 2019. De esta forma, antes de que finalizara 2020, ya era posible observar cómo en el segundo trimestre de ese año se había perdido 1.1 millones de puestos de trabajo en Lima Metropolitana. Mientras que en todo el país habían desaparecido 6 millones de empleos en el mismo periodo, de acuerdo con un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), encargado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Confiep.

Ya a mediados de ese año, varios analistas preveían una caída del PBI de más del 10% respecto al año anterior. Apoyo Consultoría estimaba -12%. Ello llevaba a prever un incremento de la pobreza, el desempleo y la informalidad laboral, pero sin pronósticos claros por la incertidumbre sobre el comportamiento del virus y los contagios.

En el Gobierno se encontraba Martín Vizcarra y su ministra de Economía era María Antonieta Alva. Se dispuso la entrega de bonos de S/380 a las familias vulnerables, con el objetivo de que pudieran costear los gastos de alimentos básicos y productos de higiene durante el confinamiento.

La medida fue bien recibida por varios analistas y contó con la cooperación de la banca privada para ampliar el alcance de la entrega de bonos que también hizo el Banco de la Nación. Sin embargo, hubo problemas logísticos y de base de datos del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El plan de entregar bonos también hizo notar la excesiva informalidad de nuestra sociedad, así como el muy bajo nivel de bancarización.

Problemas de decisiones de gobierno, la falta de integración del sistema de salud y su deficiente infraestructura, la lenta y desordenada actualización de bases de datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) sobre el avance de los contagios y los decesos por COVID-19, así como la lentitud del Estado para concretar compras en tiempos de urgencia contribuyeron a que el Perú estuviera entre los países con la peor gestión de la pandemia. Tuvo la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes (5,954.64 por millón al 6 de julio de 2021) a nivel internacional.

Unos meses bastaron para que el país se hundiera en el fondo de cuanto ranking acerca de la pandemia pudiera elaborarse. Uno podría preguntarse si el fracaso de la respuesta nacional ante la propagación del virus se explica, en gran medida, por las condiciones iniciales (menor desarrollo económico, mala calidad del sistema de salud, altos niveles de corrupción, alta informalidad laboral) o si hay evidencia de que las políticas desplegadas (o la falta de ellas) jugaron un rol importante.

Al respecto, el informe Políticas para combatir la pandemia de COVID-19, elaborado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) especifica que existe evidencia de que el desempeño del país frente a la pandemia ha sido mucho peor de lo que pueden explicar las mencionadas condiciones iniciales. Entonces, como los impactos negativos de la pandemia en Perú han sido más fuertes que en otros países con características iniciales comparables, esto sugiere que las políticas implementadas por el Gobierno fueron poco efectivas o incluso hasta contraproducentes.

Así como en 2020 se dieron medidas orientadas a dar liquidez a las empresas, como Reactiva Perú, también hubo acciones para dársela a los trabajadores formales, tales como la autorización para que estos retiraran hasta S/2,400 de sus cuentas bancarias de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y cinco disposiciones para que los afiliados a las AFP pudieran hacer retiros extraordinarios de sus fondos de pensiones de hasta S/2,000, en la mayoría de los casos, o, según la norma aplicable, accedieran hasta un tope de tres unidades impositivas tributarias (UIT) o cuatro UIT (S/17,600 en 2021).

Como era distinta la situación de los informales y más vulnerables, para ellos estaban los bonos. El economista Carlos Casas explica que la decisión de los bonos fue acertada, pero que el problema fue su implementación. “Saltaron las falencias del Estado peruano. La informalidad nos pasó la factura debido a que no teníamos identificadas a todas las personas. Algunas estaban en el sector informal y no había tanta información como para brindarles los bonos. Hay gente que aún no tiene DNI. En EE.UU. casi todos tenían cuentas y, de un día para otro, les depositaron dinero en ellas. En cambio, aquí la gente tenía que ir a hacer largas colas en los bancos, lo cual generaba aglomeraciones. Debido a las carencias del Estado y a la naturaleza de nuestra economía, no se pudo llegar rápido a todos”, refiere.

Si bien los procesos de entrega se completaron, muchos de los bonos llegaron con retraso a quienes los requerían o incluso hubo casos de personas en situación de pobreza que no figuraban en las bases de datos.

Ese factor, así como la lentitud de las entidades públicas para acelerar sus procesos de compra fueron algunas de las deficiencias de la administración pública. Por ello, Casas considera que hacen falta procesos de emergencia que sean mucho más transparentes y que eviten, en lo posible, actos de corrupción porque esta también fue un elemento que evitó que la ayuda llegara a tiempo a algunas localidades. El Ministerio Público recibió 1,893 denuncias por presuntos actos de corrupción entre el 16 de marzo y el 31 de octubre de 2020.

Otros factores que jugaron en contra del manejo de la pandemia fueron las condiciones de los hogares peruanos. Según estimaciones de Ipsos con datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, el 47.5% de ellos no contaba con una refrigeradora donde almacenar alimentos, con lo que no hubieran tenido que ir con mucha frecuencia a hacer compras en los mercados. Estos fueron identificados en primeros meses como focos de contagio.

Poco después, a inicios de 2021, se observó cómo la pobreza monetaria había aumentado, pasando de afectar al 20.2% de la población en 2019 a comprometer al 30.1% en 2020, lo cual significó que 3.2 millones de personas pasaron a ser pobres a lo largo de ese año.

Además, la informalidad aumentó; la cantidad de trabajadores que laboraba en esa condición pasó de 72% en 2019 a 77.3% en 2020. Esto significó que más de 11 millones de los 14.8 millones de personas se encontraran trabajando en condiciones informales entre abril de 2020 y marzo de 2021, según datos del INEI.

El impacto en la clase media fue tremendo. Este segmento se redujo de 14 millones de peruanos en 2019 a casi la mitad: 7.9 millones de personas, de acuerdo con un estudio del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Es decir, 6.3 millones de peruanos dejaron de pertenecer a la clase media durante 2020 y este segmento pasó de representar el 43% de la población en el año previo a la pandemia, a significar solo el 24%.

El retroceso en la lucha contra la pobreza y la informalidad fue a la par de la reducción de la producción nacional que tuvo una caída de 11.12% en comparación con 2019, según los reportes oficiales de febrero de 2021.

Las restricciones impuestas por el Gobierno ocasionaron el cierre de negocios y la pérdida de empleos en varias actividades económicas. Sin embargo, en algunos segmentos la situación fue mejor.

La actividad económica más afectada fue la de alojamiento y restaurantes, que tuvo una caída de 50.45%, respecto a 2019, debido a los confinamientos que obligaron a hoteles, restaurantes, bares, cafeterías y juguerías a suspender sus actividades y, en algunos casos, a enfrentar la quiebra.

Además, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), aproximadamente 70,000 de 220,000 negocios formales que existían desaparecieron del mercado ocasionando también la pérdida de 500 mil empleos durante 2020. El aforo limitado para prevenir los contagios inevitablemente generó una menor afluencia de clientes.

En el turismo, entre marzo y agosto cerraron casi 70 mil empresas y se perdieron 650 mil puestos de trabajo, incluyendo las plazas del rubro de restaurantes, reportó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

La crisis que atravesaba el turismo ocasionó que el Gobierno lanzara el Fondo de Apoyo Empresarial a las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Turismo (FAE Turismo), un programa que les brindó créditos con bajas tasas de interés a través del sistema financiero.

En el otro lado de la moneda estuvo el sector agropecuario, principalmente, por las agroexportaciones. El sector agrícola no tradicional registró un incremento de 7.5% en sus envíos al exterior, con un valor de US$ 6,795 millones en 2020, según Comex. Fue uno de los principales empleadores en el país, con más de un tercio de la población económicamente activa vinculada al sector agrícola.

Otro caso fue el crecimiento de las ventas del sector retail durante el primer trimestre de 2021, que fue de 88% contra el mismo periodo del año anterior. Según la investigadora GfK, la categoría que mayor despunte mostró fue la de pequeños electrodomésticos.

A esto se suma que el servicio de delivery en el país creció 250% durante la pandemia, según la consultora Touch Task. Desde entrega de alimentos y medicamentos hasta productos de tiendas por departamentos (como prendas de vestir, artefactos o mobiliario), los servicios de reparto a domicilio no detuvieron su crecimiento mediante canales digitales, ya sea por servicios de mensajería y entrega de paquetes, o por servicios operados por los mismos establecimientos comerciales; o a través de populares plataformas (app).

La pandemia sorprendió a todos. En el plano laboral y empresarial llamó la atención que hasta las compañías más grandes, que ya venían haciendo esfuerzos y avanzando en la transformación digital, incluso se llevaran una sorpresa. La pandemia dio lugar a algo no antes visto de manera tan masiva: se derribó la división entre la vida laboral y la personal o familiar. El impacto se vivió tanto en el Perú como en las más desarrolladas ciudades cosmopolitas del mundo. La virtualidad se radicalizó, señala el sociólogo Sandro Venturo.

Sin embargo, el sociólogo opina que “no podemos tener un desenvolvimiento 100% virtual, ya que la camaradería entre colaboradores también es parte esencial de la cultura corporativa de cada empresa, además de una necesidad básica de las personas como individuos funcionales”.

El acceso a Internet se volvió fundamental para el desarrollo de muchas actividades laborales y empresariales. Jaime Aguirre Guarderas, que presidió CADE Digital 2019, considera que la lección que se llevó el sector privado fue la de perderle el miedo a la tecnología para así poder adaptarse a una nueva realidad. “El comercio electrónico da continuidad a las ventas; las herramientas colaborativas facilitan el trabajo remoto y en equipo”, comenta.

No obstante, la economía nacional es altamente informal y la mayoría de la población no podía trabajar en sistema remoto. Más de 70% de peruanos no podía quedarse en sus casas sin salir a ganarse el ingreso diario. El porcentaje en remoto no contaba necesariamente con las condiciones para trabajar en sus casas por falta de espacios adecuados y conectividad digital como para que los miembros de una familia estén al mismo tiempo trabajando y estudiando.

Claro que el panorama de la mayor parte de la población es otro. La pandemia nos dejó escenas de padres consiguiendo celulares y subiendo a cerros en busca de señal de Internet para que los niños puedan tener acceso a una clase virtual o el contacto con un maestro.

“No tener la presencialidad afecta la educación en todos los niveles. Esperemos que se encuentre un camino para retomarla pronto”, plantea Venturo.

Respira Perú (julio 2020) fue una campaña de solidaridad organizada por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). “El empresario quería donar, pero tenía miedo de que se agarren su plata. Nosotros hemos sido un catalizador de la solidaridad de la sociedad civil”, refiere Ricardo Márquez, presidente de la SNI.

El objetivo fue construir plantas de oxígeno y donar otros equipos. Hasta febrero de 2021 se recaudó cerca de S/12 millones con lo que se pudo construir 26 plantas de oxígeno. Entregaron, además, 100 dispositivos reguladores de oxígeno medicinal de alto flujo (wayrachis), 60 concentradores de oxígeno y 880 balones de oxígeno, mobiliario médico y respiradores.

De otro lado, en marzo del 2020, la Confiep impulsó una gran cruzada de ayuda a la población más vulnerable. Con los aportes de más de 160 empresas, gremios y personas naturales, se recaudó más de S/15 millones para comprar, principalmente, 125 ventiladores mecánicos.

“Competíamos con gobiernos de casi todos los países. Aunque esos 125 ventiladores eran tan necesarios para los peruanos, nuestro pedido era pequeño en comparación, por ejemplo, con los 20 mil ventiladores que solicitaba Estados Unidos”, recuerda Daniel Querub, gerente general de IBT Group y miembro del Comité de Salud de Confiep.