Centros juveniles atraviesan crítica situación y son bombas de tiempo [ANÁLISIS]

Establecimientos presentan una sobrepoblación del 50% de su capacidad de albergue y no tienen personal especializado.
SOBREPOBLACIÓN. Ante la falta de espacio en los centros juveniles, se han acondicionado en un ambiente varios camarotes de tres pisos. (DefensoríaDelPueblo)

Hacinados, insalubres e inseguros. Así son los centros de rehabilitación para jóvenes delincuentes en el Perú. Las precarias infraestructuras fabricadas con calaminas en espacios reducidos, con servicios de agua y desagüe deficientes y malas condiciones de aseo, dificultan las estrategias de reinserción social y están generando problemas de convivencia entre los adolescentes.

Así lo pudo comprobar la tras sus visitas de supervisión a los centros juveniles de Arequipa, Piura, Chiclayo, Huancayo, Pucallpa, Cusco y Lima, donde encontró que existe una sobrepoblación del 50% de la capacidad de albergue, pues, aunque solo hay espacio para 1,491 personas, actualmente estos establecimientos albergan a 2,123 jóvenes.

A causa de ello, donde debería haber dos camarotes hay tres o hasta cuatro y, ante la falta de camas, muchas veces los jóvenes duermen en colchonetas en el suelo. Carlos Fernández Millán, jefe del programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, señaló que sobre el hacinamiento reposan otros males: por ejemplo, la alimentación. “No hay nutricionistas. Con las justas tienen un cocinero, que en muchos casos no cuenta con carnet sanitario, ni guarda la debida limpieza y conservación de los alimentos, exponiendo a los jóvenes a problemas de salud”.

Hay más. La Defensoría también ha observado que, con excepción del centro juvenil de Lima, ningún otro establecimiento cuenta con médicos. Solo hay tópicos con escasos medicamentos y tampoco hay psiquiatras o psicólogos. “Sin embargo, muchos jóvenes llegan con un problema de salud mental y el mismo encierro agrava esta condición, pero no reciben atención”, advirtió Fernández.

Como si fuera poco, a todo ello se debe sumar el problema de la inseguridad, pues en casi todos los establecimientos juveniles hay serios problemas de infraestructura y casi ninguno cuenta con cámaras de vigilancia o cercos perimétricos. En Trujillo, por ejemplo, la pared del centro juvenil colinda con un terminal de transporte terrestre y no hay un cerco eléctrico para evitar una fuga. En Lima, en tanto, pese a que el muro perimétrico tiene seis metros de alto, pudo ser escalado por un interno que logró fugarse, aunque fue detenido después.

“La situación es grave y el sistema deficiente; es un caldo de cultivo que puede causar un nuevo motín en cualquier momento si es que no se toman cartas en el asunto. Por eso la Defensoría del Pueblo está solicitando que se declaren en emergencia todos estos centros”, aseveró Fernández.

MUCHAS LIMITACIONES

Sin duda toda esta problemática influye en el tratamiento de los jóvenes infractores. Por ello, muchos líderes de organizaciones criminales, como Gerson Gálvez Calle ‘Caracol’, que estuvieron recluidos en estos centros de rehabilitación cuando fueron adolescentes, no lograron rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad.

El especialista en Seguridad y Gestión Pública Julio Corcuera apuntó que, además de la precaria infraestructura, existen otras limitaciones que afectan el tratamiento de los infractores juveniles. Por ejemplo, la forma de organizar a la población en bloques que no guardan relación con el tipo de delito o el nivel de peligrosidad de los adolescentes, sino con el tiempo de reclusión.

“Esto quiere decir que si un joven que cometió una infracción por un robo simple llega a un centro juvenil y a la vez lo hace un extorsionador o un sicario, todos serán ubicados en el bloque uno, que corresponde a los nuevos infractores. Eso da pie a un sistema de contagio entre todos, hasta el que llegó de casualidad”, comentó.

Corcuera enfatizó que “ese modelo donde todo se mezcla es un absurdo, porque no se puede aplicar un sistema de rehabilitación único e idéntico al violador, al extorsionador o al pájaro frutero”. Asimismo, apuntó que otro problema en el modelo de tratamiento es que se administra de modo parecido a los centros penitenciarios y pensando en los adultos y no en los jóvenes. “Por ejemplo, hay centros juveniles donde se intenta cambiar a los adolescentes con la palabra de Dios, pero estos no son creyentes. Sin embargo, sí responden si pones los mensajes haciendo que bailen hip hop”, señaló.

No obstante, Corcuera anotó que tampoco hay personal debidamente capacitado para el tratamiento de estos jóvenes, por lo cual la reinserción resulta poco efectiva.

Centros juveniles

FALTA PRESUPUESTO

Julio Magán, gerente de Centros Juveniles del Poder Judicial, reconoció la pésima situación en que se encuentran estos establecimientos y señaló que su gestión está limitada por el escaso presupuesto, pues cuentan con 41 millones de soles, de los cuales el 50% se destina a la remuneración del personal y el 25% a la alimentación de los jóvenes.

Con los pocos recursos que quedan se intenta hacer mejoras en el tratamiento, pero es poco lo que se puede hacer. “La pésima infraestructura no ayuda en esta tarea, pues los locales son la herencia del Inabif y han sido diseñados para albergar niños abandonados y no a delincuentes juveniles que ya no son los ‘pirañitas’ o ‘pájaros fruteros’ de antes, sino extorsionadores y hasta sicarios”, dijo Magán.

En ese sentido, agregó que, debido al aumento de las sanciones para los jóvenes infractores –ahora se prevé hasta 10 años de internamiento–, cada vez la población de estos centros es mayor, pues el 48% ya ha cumplido 18 años. “Una persona que entra a los 15 o 16 años se queda en estos centros juveniles hasta los 25 o 26 años y en algunos casos están internados junto a adolescentes de 14 o 15 años. Se necesitan áreas exclusivas, así como un tratamiento diferenciado para infractores menores e integrantes de bandas, pero la realidad es otra”, lamentó.

Centros juveniles

TENGA EN CUENTA

* El Código de Responsabilidad Penal del Adolescente es la norma oficial que rige el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal y establece las conductas pasibles de una sanción para los infractores de 14 a 17 años.

* La máxima sanción prevista en este código es de 10 años de internamiento.

* Cuando el hecho no reviste mayor gravedad, es posible aplicar un programa de orientación restaurativo.

* Los infractores que cumplen la mayoría de edad recluidos en un centro juvenil pasan a un ambiente especial en Ancón III, al que también van los jóvenes con problemas de disciplina.

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