Cajamarca: Oficinas de la Diresa fueron intervenidas por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. (Foto Ministerio Público)
Cajamarca: Oficinas de la Diresa fueron intervenidas por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. (Foto Ministerio Público)

La presunta sobrevalorización en la compra de 60 mil pruebas motivó la intervención del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de en la Dirección Regional de Salud (Diresa).

La diligencia fue conducida por la fiscal provincial Nury Marín, con el apoyo de policías de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), para recabar documentación e indagar respecto a la presunta sobrevalorización en la compra de 60 mil pruebas COVID-19 valorizadas en 2 millones 106 mil 300 soles, así como otras supuestas irregularidades.

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Los responsables de la referida entidad no habrían cumplido cumplieron con entregar oportunamente la documentación requerida por el Ministerio Público para la investigación preliminar abierta contra los que resulten responsables del delito de colusión.

Cajamarca: Fiscalía investiga la presunta sobrevaloración de 60 mil pruebas rápidas, entre otras supuestas irregularidades. (Foto Ministerio Público)
Cajamarca: Fiscalía investiga la presunta sobrevaloración de 60 mil pruebas rápidas, entre otras supuestas irregularidades. (Foto Ministerio Público)

Durante la intervención realizada, la fiscal se entrevistó con el jefe de la Diresa, Pedro Cruzado Puente y el administrador Luis Roberto Su Cavero, quienes proporcionaron más información sobre la contratación directa a la empresa Multimedical Supplies SAC, la cual ganó la buena pro entre un total de cuatro proveedores participantes.

Según un informe del Órgano de Control Interno de la Diresa se detectaron varias observaciones al referido proceso de contratación.

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Entre estas observaciones se indica que el área usuaria estableció especificaciones técnicas del bien a adquirir sin observar las características y el control de calidad de los productos establecidas por el Instituto Nacional de Salud (INS).

Además, el órgano de contrataciones seleccionó al proveedor de pruebas rápidas sin que esta acreditara especificaciones técnicas exigidas por el área usuaria.

A ello se sumó que se aceptó como condición un lugar de entrega diferente al exigido por el área usuaria pudiendo afectar la finalidad pública de la contratación, generando además probables costos adicionales a la entidad para el traslado de los bienes y riesgo de contingencias durante el mismo.

Los funcionarios negaron que haya existido algún costo adicional a la entidad y otras irregularidades.

Se conoció que debido a que los productos no pasaron por el control de calidad por parte del INS, estos serán devueltos al proveedor declarando dicha compra como no ejecutada.

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