La Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol del Perú (Abresa) cuestionó las medidas implementadas por el Ministerio de Economía (MEF) sobre el alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gaseosas.
“Respecto al alza impuesta en la carga tributaria de las bebidas no alcohólicas en nuestro país Abresa sostiene que: Es una medida arbitraria y no transparente”, señaló el gremio conformado por Arca Continental - Lindley, Backus, CBC, Coca Cola y Pepsi Co., a través de un comunicado.
“La promulgación de la norma se ha realizado sin mayor diálogo con las partes involucradas, sin contar con las motivaciones ni técnicos que la sustentan, afectando la predictibilidad jurídica de los agentes económicos a nivel nacional e internacional; ello en un contexto en el que se estaba solicitando al Congreso facultades legislativas extraordinarias para regular el impuesto de una manera integral”, añaden.
Asimismo, aseguran que el impacto se daría también “en el empleo de más de 20 mil colaboradores y transportistas que forman parte de las operaciones directas de la industria, así como los ingresos de más de 350 mil emprendedores peruanos para quienes la industria de bebidas no alcohólicas o azucaradas representa más del 35% de sus ingresos”.
Abresa sostiene que, dada la fecha de publicación, se contraviene los dispositivos constitucionales sobre la entrada en vigencias de las normas legales y que incluso se afectan los acuerdos multilaterlas de cooperación económica suscritos por el Perú como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
“Es la carga tributaria más alta de la región. Las bebidas no alcohólicas ya están gravadas con un 17% del ISC y, esta modificación que eleva a 25%, representa un incremento de hasta 50% en ciertos productos”, se lee en el comunicado, en el que se precisa que la industria aportó, vía ISC, S/500 millones el 2017 y más de S/4,000 millones en los últimos de 10 años.
Señalaron también que la caída de volumen de ventas generará un replantamiento de los planes de inversión de las empresas del sector, afectando así el empleo directo e indirecto de la cadena de valor, por lo que se generará un aumento de precios lo que desencadenará una disminución del volumen de ventas y menor recaudación.
“Generará, como en otros países, un mercado informal que no paga impuestos, que podría no cumplir con requisitos de ley, pago de impuestos y cumplimientos de registros sanitarios”, finaliza la comunicación.