Madre denuncia al padre de sus dos hijas por agresión sexual

Rosario Cano, de 40 años, partió hacia España en 2007 siguiendo su sueño de estudiar una maestría en Derecho Empresarial. En el camino conoció a quien sería su esposo y padre de sus hijas, el español Enrique Sanz, con quien se estableció en Madrid, donde ambos tenían un trabajo en la Universidad de Alcalá de Henares.

Su pesadilla empezó en 2018, cuando volvió al Perú por un asunto familiar. La distancia, y ciertos comportamientos de sus pequeñas la llevaron a descubrir que presuntamente habían sido víctimas de violencia sexual a manos de su propio padre.

Según indicó Rosario Cano, ‘Ruga Ruga’ fue el ‘juego’ creado por Sanz para abusar de sus hijas biológicas, que hoy tienen 5 y 7 años. Para ello, han contado las niñas, se bajaba el pantalón, les pedía a ellas que hagan lo mismo y las sentaba sobre él.

A la fecha, las menores se encuentran en Arequipa con su madre y abuelos maternos. Desde hace tres años, ambas están en medio de una batalla legal entre sus padres.

La primera denuncia contra Sanz la presentó Cano en abril de 2018, luego de que la más pequeña revelara a la trabajadora del hogar en qué consistía el ‘Ruga Ruga’. Al enterarse, Cano habló con sus hijas, de entonces 3 y 5 años. La conversación no fue sencilla, ya que estas le dijeron que le habían prometido a su padre no contarle nada a nadie a cambio de chocolates.

Sin embargo, tras la insistencia, ambas terminaron explicando la modalidad del ‘juego’. “Le pregunté a la mayor pero me lo negó, le dije que estaba en un espacio seguro y que podía confiar en mí; ahí comenzó a describir cómo jugaban con su papá, lo grabé en audio”, señaló la madre.

Tras ello, llevó a sus pequeñas al Instituto de Psicoterapias Vinculares con la doctora Magalli Cuzzi, quien –tras la evaluación– confirmó que, lamentablemente, fueron víctimas de violencia sexual.

El 19 de abril de 2018, la también abogada denunció a su aún esposo por violencia familiar ante el Cuarto Juzgado de Familia de Arequipa y, cuatro días después, interpuso una denuncia por actos contra el pudor en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, que programó una pericia en Cámara Gesell para el 14 de mayo de ese año.

Han pasado casi tres años desde entonces y la justicia peruana no resuelve el caso. En este periodo, Sanz presentó al menos ocho denuncias contra Cano, todas archivadas, según la denunciante.

DILACIÓN DEL PROCESO

De acuerdo con Cano, las irregularidades surgieron desde que se tomó la declaración de las menores, aquel 14 de mayo, según un informe multidisciplinario presentado por el Centro de Emergencia Mujer Miraflores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Las observaciones fueron entregadas a Yajaida Huamán, fiscal suplente a cargo de la Cámara Gesell, quien no las recibió alegando que el acta debía ser entregada por escrito al fiscal titular, que en ese momento se encontraba con licencia.

A raíz de esa diligencia, Sanz acusó a Cano y a su hermano de violencia sexual por un extracto de las declaraciones de sus hijas en la Cámara Gesell en las que señalaron que jugaban ‘Ruga Ruga’ con “papá, mamá y el tío Tabi”.

Al recibir la denuncia, la fiscal a cargo del caso, Cristina Hurtado, reconoció los nombres de los hermanos y se percató de que eran hijos de quien fue su profesor y jefe hace más de 15 años, un expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por lo que se inhibió de la investigación.

“Surge como mencionado un miembro de la familia de dicho letrado, por lo cual, de continuar siendo investigado por la suscrita, podría dar lugar a que se considere afectado el principio de imparcialidad que se le exige a todo representante del Ministerio Público”, se lee en la disposición fiscal presentada por Hurtado en julio de 2018.

El caso es asumido entonces por la fiscal Vanessa Morante y el 27 de febrero de 2020, la defensa de Sanz, a cargo del estudio Payet, solicita su exclusión ante el fiscal superior Santiago Irigoyen, en Arequipa.

“Su despacho dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria, incluyendo como elementos de convicción, muy convenientemente, los elementos de convicción de cargo y ningún elemento de convicción de descargo”, señala la defensa de Sanz en su pedido.

Debido a la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, los procedimientos del Ministerio Público quedaron paralizados hasta julio de 2020 y recién en octubre de ese año el fiscal superior se pronunció y declaró fundado el pedido de exclusión, con lo cual Morante quedó fuera del caso.

SEGUNDA CÁMARA GESELL y CASACIÓN EN LIMA

Antes de apartarse del caso, la fiscal Cristina Hurtado emitió una disposición para que se programe una nueva entrevista de Cámara Gesell, la cual fue amparada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa.

La pericia se llevó a cabo el 12 de octubre de 2018, cinco meses después de la primera evaluación en que el MIMP detectó irregularidades. En esta oportunidad, las niñas manifestaron de forma clara los sucesos en torno al ‘Ruga Ruga’ y detallaron los actos de su padre.

Dicha declaración fue impugnada por Juan Diego Ugaz, abogado del estudio que defiende al ciudadano español, a través de un recurso de casación, el cual fue derivado a la Corte Suprema de Justicia en Lima, exactamente al despacho de César San Martín, quien hace más de diez años trabajó con José Ugaz, padre del abogado que defiende a Sanz.

“El abogado de la contraparte es hijo de un colega y amigo de San Martín; lo mínimo que debió hacer (el magistrado) era apartarse. En vez de eso, fue ponente y le dio la razón a la causa de Ugaz. Con esta casación, se pretende controlar las pruebas”, expresó Benji Espinoza, abogado de Rosario Cano para esta diligencia.

Finalmente, el 26 de febrero de 2020, la casación resolvió dejar sin efecto la segunda Cámara Gesell, argumentando vulneración del proceso y revictimización de las víctimas.

“¿Qué aconsejaría el interés superior del niño? ¿Eliminar la prueba contra el agresor sabiendo que es la más importante, o mantener ambas declaraciones y dar validez a la segunda declaración porque se dio en mejores condiciones?”, cuestionó Espinoza.

Para el doctor Yuri Almendariz, quien tiene actualmente la defensa de las víctimas, existe una presión para que el proceso se cierre.

“El plazo de la investigación vence en dos meses, hubo cambios de fiscales, el COVID,  y recién se retomó en octubre de 2020. Nunca había visto que los órganos de justicia entorpezcan procesos en los que hay niños involucrados en actos de violencia sexual”, refirió.

Agregó que ahora esperan una audiencia del 26 de enero, donde insistirán –ante un tribunal de Arequipa– en que se acepte la declaración de la segunda Cámara Gesell. “Estoy confiando que la sala va a resolver y dará la pauta para estar más cerca de la justicia”, aseveró Almendariz.

LA VERSIÓN DE SANZ

Enrique Sanz, abogado y reconocido catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Enrique Sanz, de 51 años, es especialista en derecho penal con aportes en diversas investigaciones. Ha sido ponente invitado en conferencias del Poder Judicial del Perú y desde 2018 afronta una denuncia en su contra por actos contra el pudor en agravio de sus hijas.

¿Qué tiene que decir sobre la denuncia en su contra?

En mi situación personal creo que voy a salir exculpado; creo que tengo la verdad de mi lado y creo que soy injustamente denunciado. Esto lo ha organizado (Rosario) con su padre, que tiene mucho poder en Arequipa.

Su defensa acusa a Rosario de llevarse a las niñas ilegalmente, pero ella tenía un permiso notarial firmado por usted.

El 23 de febrero de 2018 me pidió que le haga un permiso notarial por si necesitaba hacer algún viaje con las niñas. En ese momento me sentía culpable por algunos problemas que teníamos como pareja y fui al notario a hacer el permiso, yo no quería que pareciera que la quería retener. El 26 me dice que se quiere ir y yo revoco el permiso; el notario fue a notificarla pero ella nunca le abrió la puerta.

¿Qué hizo cuando se enteró de que ella viajó a Arequipa, en mazo de 2018?

Podría haber pagado un vuelo, podría haber contactado a Interpol. La Policía de Barajas me dijo que si las retenía en Lima, todo esto iba a ser un incendio internacional que les iba a dar muchos problemas a las niñas; entonces, no hice nada, por mis hijas. El 19 de marzo interpuse una demanda de sustracción internacional y el 23 vi la denuncia por violencia familiar, me caí de rodillas, no lo podía creer.

Las menores declararon en la segunda Cámara Gesell sobre la otra denuncia...

En estos meses he estado pensando en cómo manipulan a mis hijas, todo es una mentira absoluta, yo me cortaría la mano antes de tocarlas. Si todo esto fuera verdad, una madre que sabe que han abusado de sus hijas no permite jamás que le hagan tantas entrevistas, es una cosa terrible.

¿Por qué no vino a Perú antes de la denuncia?

Yo le dije a la madre de mis hijas que me da miedo ir ahí porque su padre es muy peligroso.

¿En qué sentido ‘peligroso’?

No tiene escrúpulos, lo he visto más de 10 años maltratar a sus hijos. Tiene un arma en casa, yo soy especialista en cárceles y he tratado con muchos delincuentes, y me da mucho miedo. Su propio hermano, el tío de ella, declaró que no podía creer lo que decían en mi contra. En una conversación, su padre les dice a mis padres para arreglar el tema económico, este señor que les ha destrozado la vida a las niñas. ¿Qué van a sentir ellas cuando sean mayores y las señalen en la calle? La responsabilidad que usted tiene es muy grave, porque mi nombre va a quedar perenne y mis hijas lo verán cuando crezcan. Esa es la grandísima responsabilidad que usted asume y quiero que lo tenga bien claro, porque algún día cuando esté exonerado, tendré que repartir responsabilidades.

¿Me está amenazando?

No, a usted no. Lo que quiero decir es que ya a mis hijas las han maltratado bastante y no voy a permitir que les hagan daño después y esa es la responsabilidad que usted tiene al publicar el artículo.

Le voy a explicar por qué hacemos esto. Nosotros recibimos una denuncia y buscamos ambas versiones. Yo no decido, el juez lo hará.

¿De verdad cree que usted  hace de impulsora de la justicia?, ¿es esa su labor?

Mi labor es dar a conocer este tipo de denuncias.

¿Sabe que el Perú es el país con más delitos sexuales? ¿Y sabe que muchos son por denuncias falsas? No es el daño que me hace a mí, es el daño que le va a hacer a las niñas cuando vean esto. Si hay justicia en el Perú, me tienen que exculpar y entonces todo esto habrá sido en vano.

TENGA EN CUENTA

• Tras dejar sin efecto la segunda entrevista en Cámara Gesell, la sentencia de la Corte Suprema señala “reconocer la facultad de la actora civil de solicitar una ampliación de la diligencia de entrevista única”.
• Para el abogado de las víctimas, Benji Espinoza, esta última disposición contradice al fallo de la corte, pues “deja la puerta abierta” para que las niñas pasen, una vez más, una pericia.
• Perú21 conversó con el abogado Juan Diego Ugaz. Al ser consultado sobre la relación entre su padre, José Ugaz, y el juez supremo, César San Martín, este respondió que “han trabajado juntos hace mucho tiempo y en ningún momento eso ha sido ocultado, han tenido audiencias y nunca han tenido cuestionamientos”.
• A lo largo del proceso, la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia, manifestó su respaldo a las pequeñas de formas externa y voluntaria a través de un amicus curiae.
• Actualmente el caso es investigado por la fiscal Domenica Yucasi. La audiencia de este martes 26 la verá la Segunda Sala Superior Penal de Apelaciones de Arequipa, presidida por la jueza Carmen Lajo Lazo.

SUMILLAS

• “Se quiere anular el testimonio de las dos víctimas, que es la prueba reina en todo este proceso”, Benji Espinoza, abogado de las víctimas en la casación.
• “Por disposición de un juez, las niñas tienen videollamadas con sus abuelos dos miércoles al mes”, Rosario Cano, madre de las niñas.
• “Las niñas han sido sometidas a aproximadamente 15 pericias psicológicas, es demasiado”, Juan Diego Ugaz, abogado de Enrique Sanz
• “Es una probabilidad menor, pero esperemos no ir a nulidad y que se acepte la prueba anticipada”, Yuri Almendariz, abogado de las agraviadas