El proceso judicial acelerado que solicitó el Ministerio Público para el dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez fue aceptado. Así, la sentencia por la presunta tentativa de extorsión a Southern Perú podría emitirse antes del 14 de febrero, fecha en que el investigado debería salir de la cárcel por vencerse su prisión preventiva.
La fiscal de Crimen Organizado, Alejandra Cárdenas, quien basó su investigación en los ilícitos que se habrían perpetrado durante la huelga contra el proyecto Tía María en 2015 en la provincia de Islay, concluyó en una acusación a 16 personas por varios delitos, entre ellos extorsión y asociación ilícita.
Empero, ante la pronta excarcelación del dirigente, la fiscal requirió que solo se vea su caso y del abogado Jesús Gómez, procesados por la supuesta extorsión a Southern. Para ellos se pide una condena de 10 años de cárcel.
La labor de la fiscal dio sus frutos. Es que el proceso acelerado fue aceptado ayer por el juez de investigación preparatoria Jaime Coaguila. En ese sentido, las audiencias de acusación y el juzgamiento, que usualmente tardan entre 3 y 10 meses según el proceso, concluirían en menos de 20 días.
La decisión puede ser apelada hasta mañana. Al respecto, Vladimir Fuentes, abogado de Gutiérrez, dijo que el juicio debería desarrollarse en la forma ordinaria para que su defendido afronte el caso en libertad. “Esto es irracional y abusivo. Haré valer el derecho de Gutiérrez”, acotó a
* El ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, y el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, también eran investigados. No obstante, el Ministerio Público no encontró pruebas que los incriminen y solicitó que no sean incluidos en este caso.