El pedido de 36 meses de cárcel preventiva para 21 de los 26 detenidos sindicados de integrar la organización criminal 'Los Malditos de Chumbivilcas', empezó a ser debatido desde las 2:00 p.m. de este sábado en el Poder Judicial. Según la Fiscalía de Crimen Organizado, la banda, encabezada por Marcelo Merma se dedicaba a la invasión y al tráfico de terrenos y a estafar a incautos. Están denunciados por los presuntos delitos de organización criminal, usurpación, estelionato, defraudación y cohecho pasivo impropio.
Entre los detenidos está el ex jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la comuna de Arequipa, José Luis Cavero. También está involucrada la jueza de paz de la margen derecha del cono norte, Gabriela Córdoba, el ex juez de paz de La Tomilla (Cayma), Beneraldo Paricahua Ramos, el notificador del Ministerio Público, Germán Aymituma Luna y otras 22 personas.
TRES ELEMENTOS
El juez del primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, Edy Leva, considerará tres aspectos: elementos de convicción, es decir, si las pruebas que presenta la fiscal de Crimen Organizado, Alejandra Cárdenas, son suficientes. El segundo, prognosis de la pena, que se refiere a la condena que podría recibir, dependiendo de su grado de participación en los delitos, y, finalmente, la proporcionalidad de la medida.
En la investigación previa, identificaron tres brazos en la banda criminal: el encargado de ocupar los terrenos sin importar las consecuencias; el legal, en el que incluyeron a los jueces de paz y el trabajador del Ministerio Público; y el político, donde está José Luis Cavero.
La fiscal Alejandra Cárdenas mencionó que la defensa de José Luis Cavero evalúa la posibilidad de pedir que sea considerado colaborador eficaz. Bajo esta condición el ex funcionario de la municipalidad recibiría beneficios a cambio de brindar información y pruebas que permitan identificar a más integrantes de la organización.
La fiscal confirmó que en el allanamiento a la casa de Cavero encontraron documentos en el que se puede apreciar indicaciones precisas del alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, para que asista a las asambleas y las actividades de la asociación Jardines de Chachani. Por esa razón, el burgomaestre fue incluido en las investigaciones, inicialmente, por el delito de abuso de autoridad, cuya pena es menor a cuatro años, razón por la cual no correspondía solicitar prisión preventiva.
Las sospechas contra Zegarra también radican en el Acuerdo Municipal que firmó el alcalde, aprobando la expropiación de los 172 mil metros cuadrados a Nadezdha Vargas, para cederlo a los invasores, pese a que en el expediente existía la opinión legal de no hacerlo. Indicaban que una ley de 2004 prohíbe las ocupaciones ilegales y/o el favorecimiento para que eso ocurra de parte de las autoridades.