Le dicen no. Manifestantes vuelven a las calles para expresar su rechazo al proyecto minero. (USI)
Le dicen no. Manifestantes vuelven a las calles para expresar su rechazo al proyecto minero. (USI)

Pese a que el presidente de la República, , anunció que el proyecto minero no está en la agenda del gobierno este año, un sector de la provincia de Islay desconfía de esa versión y anunció para este viernes 29 protestas en contra del proyecto de Southern Perú.

El último viernes, luego de que el jefe de Estado declaró que recién en 2019 evaluarán el futuro de la actividad extractiva, decenas de personas en el distrito de Punta de Bombón efectuaron una movilización y confirmaron que la siguiente jornada de protesta será en la localidad de Deán Valdivia.

La presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía-Mollendo, María Luzmila Marroquín, detalló que las movilizaciones serán masivas porque contarán con la participación de los integrantes de las juntas de agricultores de Islay.

El mandatario sostuvo que, por ahora, están enfocados en la construcción de los hospitales de Alto Inclán (Mollendo) y Cocachacra, además de ejecutar los proyectos de instalación de redes de agua y desagüe. Al respecto, Marroquín considera que esas obras buscan satisfacer las necesidades de la ciudadanía y también tienen como objetivo darle la viabilidad a Tía María, de tal forma que inicien sus operaciones extractivas. “La posición es clara en el valle de Tambo. Solo queremos que el gobierno cancele definitivamente el proyecto porque no hay licencia social”, expresó.

ESTÁN CONFIADOS

Los directivos de Southern Perú, en su momento, aseguraron que con los proyectos sociales que emprendieron en Islay, están ganando el respaldo de la ciudadanía. Por ello esperaban iniciar a finales de año la instalación del campamento minero. Tía María demandará una inversión de US$1,400 millones. Sus opositores sostienen que contaminará el agua y los cultivos.

DATO

- La presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía-Mollendo, María Luzmila Marroquín, indicó que la nueva ley de juntas de usuarios les da legitimidad para hacer protestas como organización en defensa de sus recursos.

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