Análisis.21: #NiUnaMenos, pero en serio

La revisión de estadísticas sobre violencia contra la mujer muestra que, en comparación con otros países latinoamericanos, Perú presenta una de las tasas más bajas de feminicidios en la región.

Ello no significa, sin embargo, que las cosas estén bien. Así lo demuestra el caso Camino Forsyth, que se suma a los 156 casos de tentativa de feminicidio que se produjeron en lo que va de 2017, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Entonces, la consigna debe ser clara: #NiUnaMenos.

Víctimas mortales

Las tasas más altas de feminicidio se observan en países centroamericanos como El Salvador, seguido por Honduras (ver gráfico 1). El hecho resulta preocupante considerando su bajo número de población femenina. En tercer y cuarto lugar, les siguen los países más poblados de Brasil y México, con tasas de feminicidio que no superan ni la mitad de la de los países mencionados anteriormente.

Por otro lado, entre los países con las tasas más bajas de mujeres asesinadas encontramos a naciones sudamericanas como Chile, Perú, Venezuela y Ecuador y la excepción centroamericana, Costa Rica.

Prevenir antes que lamentar

No es coincidencia que tanto El Salvador como Honduras cuenten con programas de prevención de violencia en la pareja de alcance limitado. De hecho, la mayoría de países en la región –incluyendo Perú– no promueven estos mecanismos de manera activa y prioritaria (ver gráfico 2). Peor aún, existen países que no cuentan con algún programa de prevención de este tipo, como Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

Paradójicamente, Brasil y México, que sí han implementado programas de gran escala para prevenir la violencia en parejas, cuentan, a su vez, con altas tasas de mujeres asesinadas.

Actúa de ley

Vale mencionar que gran parte de los países que integran América Latina han creado algún instrumento legal que tipifica el feminicidio como un crimen; incluido el Perú en 2013. El primer país en hacerlo fue Costa Rica en 2007, mientras que el último fue Paraguay, en 2016.

En tal contexto, llama la atención que ni Argentina, Colombia, República Dominicana ni Uruguay –donde también existe violencia contra la mujer– hayan desarrollado iniciativas de corte legal.

Sin embargo, una ley de feminicidio no parece ser suficiente. Por ejemplo, hay casos como el de Honduras, que demuestra haber tenido resultados positivos, ya que las víctimas pasaron de ser 606 en 2012 a 466 en 2016. Algo similar sucedió en México (de 2,335 en 2010 a 2,289 en 2016), aunque no de forma tan sustancial.

Por el contrario, tras la creación de la ley de feminicidio en el Perú se incrementaron las víctimas mortales de 93 en 2011, a 124 en 2016. Sin duda, todavía queda mucho por hacer como sociedad, y a las autoridades mucho por entender sobre aquello en que se está fallando y cómo remediarlo.

La evidencia indica que, además de leyes específicas, deben promoverse políticas públicas transversales que procuren que el hecho de ser mujer no represente una mayor vulnerabilidad. La “revolución social” que el gobierno sugiere no debería olvidar este importante aspecto.

Cifras

- 82 feminicidios fueron registrados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en lo que va de 2017.

- 382 sumaron las tentativas de asesinato a mujeres y casos de feminicidio durante 2016, según el MIMP.