El Gobierno amplió hoy, por 60 días calendario, el estado de emergencia en 54 distritos de las regiones de Cusco y Arequipa, que son afectados por deslizamientos y huaicos productos de las intensas lluvias.
Mediante el Decreto Supremo N° 086-2019-PCM, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se precisa que la medida de prórroga se ejecutará a partir del 27 de abril, en el distrito de Huayopata, en la provincia de La Convención (Cusco).
En tanto, a través del Decreto Supremo N° 087-2019-PCM se detalla que también continuarán en estado de emergencia, a partir del 30 de abril, en los siguientes jurisdicciones de la región de Arequipa:
Arequipa: Miraflores y Paucarpata.
Condesuyos: Chuquibamba y Salamanca.
Castilla: Uraca, Huancarqui, Choco y Pampacolca.
Caylloma: Caylloma, Coporaque, Huambo, Maca, Tuti, Lari, San Antonio de Chuca, Callalli, Lluta, Tisco, Ichupampa y Madrigal.
Islay: Cocachacra y Punta de Bombón.
Camaná: Nicolás de Piérola.
Caravelí: Quicacha, Chaparra y Jaqui.
La Unión: Huaynacotas y Alca.
Huánuco: San Pedro de Chaulan, Pillco Marca, Yacus, Yarumayo, Churubamba y Margos.
Lauricocha: Baños y San Miguel de Cauri.
Yarowilca: Choras.
Puerto Inca: Codo del Pozuzo y Honoria.
Huacaybamba: Huacaybamba y Canchabamba.
Pachitea: Molino y Panao.
Dos de Mayo: Chuquis, Marías, Pachas, Quivilla y Sillapata.
Ambo: Ambo, San Francisco, San Rafael, Cayna y Colpas.
La ampliación permitirá continuar con la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan, las que estarán a cargo de los gobiernos regionales de Cusco y Arequipa, así como los municipios comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Además, con la participación de los ministerios de Salud; Educación; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Agricultura y Riego; Transportes y Comunicaciones; del Interior; Defensa; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Desarrollo e Inclusión Social; de la Producción; Trabajo y Promoción del Empleo y Energía y Minas.
La implementación de las acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.