Una niña de 11 años, que fue violada por su padrastro desde que tenía 7, quedó embarazada y, pese al pedido del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), una junta médica negó realizarle un aborto terapéutico.
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La menor tiene 17 semanas de gestación y la Unidad de Protección Especial de Loreto del MIMP solicitó al Hospital Regional de Loreto el acceso de la niña al procedimiento de aborto terapéutico, pero la solicitud ha sido negada por una junta médica.
En ese contexto, las Naciones Unidas manifestaron su preocupación por este caso.
“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresan su profunda preocupación por un nuevo caso de vulneración a los derechos de una niña de 11 años, bajo el pseudónimo de Mila, quien desde los siete años ha sido violentada sexualmente por su padrastro y que a la fecha tiene 17 semanas de gestación”, manifestaron en un comunicado.
El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) señaló que “en el caso de niñas embarazadas, debe valorarse la afectación especial y diferenciada de la salud física y mental que supone el embarazo en la niñez”. También enfatizó que el embarazo conlleva para la vida de las niñas un riesgo particularmente importante y una afectación potencialmente grave en su desarrollo y proyecto de vida.
EL CDN recordó un caso similar, el de ‘Camila’, donde determinó que Perú había violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural de 13 años, víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
“Instamos a las autoridades correspondientes reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho -con procedimientos seguros y pertinentes a su edad- y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico”, indican en el comunicado.
Finalmente, le recordaron a las autoridades y a la opinión pública que la maternidad forzada derivada de una violación sexual en niñas y adolescentes no es voluntaria, no es segura, y atenta contra la salud integral.
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